Es evidente la crisis de las instituciones políticas de Colombia, nunca muy sólidas y en declive sostenido desde 1991. La capacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza está en jaque en la periferia del país desde que floreció el narcotráfico hace medio siglo. El legislador es mediocre y poco representativo, la justicia ineficaz, la desarticulación entre gobierno central y regiones evidente y el sistema de control contrario a preceptos básicos de administración. El equipo primario de presidencia, conformado por los subordinados directos del gobernante, suma al menos 25 personas, más del doble de lo admisible para tener adecuada coordinación. No hay esquema eficaz para trabajo en equipo ni seguimiento sistemático. Sin embargo, en los ámbitos ilustrados no se enfrenta la realidad, quizá por temor a un resultado peor que el improvisado en la Asamblea Constitucional hace tres décadas.
El país ha suscrito las declaraciones de derechos fundamentales de Naciones Unidas, pero faltaba el elemento judicial apropiado; se esperaba subsanar esta carencia al establecerse la Corte Constitucional, pero no quedó clara su superioridad en jurisprudencia: las salas de la Corte Suprema se pronuncian de manera definitiva con argumentos basados en sus interpretaciones de la Carta. No hay partidos políticos, y los intentos por revivirlos han fracasado.
No son canales para propuestas ordenadas sobre normas, programas y proyectos, ni para financiar campañas. En consecuencia, los procesos electorales son marketing y los votos se compran. El costo de salir electo para el legislador excede con creces la remuneración, lo cual apunta a serio riesgo de corrupción en muchos casos y a pérdida de independencia en todos. Las brechas en ingreso entre el país urbano y el rural son agobiantes. La distribución del ingreso no mejora por la acción del Estado. La mitad de la población activa en la economía es informal y la tasa de desempleo es del orden de 10%. Las tasas de homicidios son muy altas, sobre todo en zonas abandonadas por las instituciones. El centralismo es asfixiante.
Los gobiernos se concentran en el cultivo de los segmentos de votantes que los llevan al poder, con la intención de triunfo electoral futuro. El actual impulsa reformas contraproducentes desde la perspectiva ética, social, económica y fiscal, que desatan discusiones improductivas. Llaman la atención la reforma agraria con foco en la propiedad del pequeño predio, que no refleja la realidad del mundo actual, y la idea de generar empleo mediante la protección a la producción nacional, con techo bajo al crecimiento y a la remuneración al trabajo, en contraste con la apertura al mundo y el aprovechamiento de las posibilidades de las regiones. Lo peor es la propuesta de reforma política, que consolidaría lo existente. No se ven propuestas diferentes con mecanismos adecuados de divulgación.
Los pronósticos de crecimiento para los años próximos eran bajos antes de elecciones, pero han empeorado. El Estado pesa más de 30% en la economía. Sería vital para construir una sociedad más próspera y menos desigual, con seguridad, justicia, educación de calidad y oportunidades para todos. Urge revisarlo. Construir el Estado Social de Derecho es propósito acertado, pero los procesos establecidos en la Constitución lo contradicen. La gran oportunidad política es evidente. Ojalá el presidente se dejara ayudar.