Evaluar la gestión pública es necesario para asegurar que los recursos que consume el ordenamiento institucional surtan resultados acertados. De allí que se deba revisar las propuestas antes de materializarlas para compararlas con otras opciones para el tiempo y el dinero a comprometer, y después de su ejecución para verificar que las cosas se hayan llevado a cabo bien. Las mediciones deben hacerse desde la perspectiva económica, social y financiera, según la naturaleza específica de los planes, programas y proyectos de que se trate. Por supuesto, la primera evaluación es la del legislador: debe formularse el plan de trabajo para la tarea más importante, que es hacer las leyes, y establecer su impacto probable y sus riesgos para la población.
Los resultados preocuparían: muchas leyes pueden producirse de manera desarticulada con el conjunto de las demás leyes, buscar beneficios electorales como propósito central o, sobre todo, ser inconvenientes. La mera evaluación de los propósitos antes de procesar los proyectos de ley cambiaría la manera de trabajar del Congreso, pues obligaría a revisar en forma ordenada el conjunto de leyes existentes en cada materia y su impacto. La iniciativa de proyectos de ley debe corresponder en principio a los partidos políticos, pero la administración debe tener espacio para presentar los suyos.
También es muy importante juzgar el desempeño de la justicia pero requiere cuidado, pues las simples evaluaciones de eficiencia pueden reñir con el propósito de hacer justicia. Por consiguiente, se debe evaluar la forma de hacer el trabajo, de manera superficial para la totalidad y con mucho detalle en muestras de procesos judiciales escogidas al azar. Entre los criterios de evaluación deben incluirse la forma de planear el trabajo, la eficacia en la determinación de pruebas necesarias para el pronunciamiento y su recolección, el uso acertado de la jurisprudencia, y la capacidad de síntesis para elaborar los pronunciamientos, sean autos o sentencias.
El frente que consumirá más recursos será la evaluación de programas y proyectos de la administración. Los primeros, de carácter permanente, requieren revisión sistemática y periódica, en tanto que los segundos, que tienen principio y fin, deben evaluarse ex ante, para asignar recursos frente a un universo de posibilidades, y ex post para verificar la adecuada ejecución. Muchas evaluaciones requerirán mediciones indirectas, pero lo importante es construir método con base en la experiencia; no hay solución perfecta.
Es importante asignar la responsabilidad de las evaluaciones previas de los proyectos al área encargada de la planificación dentro de la administración, y la de las a posteriori al área encargada del control, que debe además llevar las cuentas y presentarlas a la máxima instancia de la administración cada mes; además la administración debe presentarlas al legislador cada año, una vez auditadas por ente externo independiente nombrado por el legislador. La estimación de beneficios y costos es necesaria para que la gestión pública tenga impacto positivo en las vidas de los ciudadanos e impulse la construcción de una sociedad ética, con sentido crítico. Atender el reto de hacerla de manera sistemática exige redefinir procesos y estructura de lo público, y puede llevar a decisiones no anticipadas en muchas materias, para beneficio de todos los asociados.