Suele aducirse que la mayor parte del gasto es inflexible como explicación para la deficiente calidad de los usos en el presupuesto nacional. Por esa razón cabe resaltar el opúsculo de F. Azuero y L. Urrea titulado Inflexibilidad presupuestal en Colombia y espacios legales para recortes de gasto.

En menos de medio centenar de páginas apretadas, los autores demuestran que no más de un tercio del gasto es rígido, que solo una proporción ínfima corresponde a restricciones de origen constitucional y que gran parte de lo derivado de leyes admite reconsideración.

Los autores ponen de presente la conveniencia de revisar esas normas cuando sea del caso.
Sin embargo, destacan una dolorosa conclusión: el Congreso no cuenta con los elementos necesarios para evaluar el costo y el beneficio del gasto, ni para diseñar soluciones alternas en los asuntos fiscales.

Además, advierten que la presupuestación a cargo del gobierno nacional no se sujeta a reglas de contabilidad generalmente aceptadas, sea para vincular ingresos y costos, como ocurre en el sistema estadounidense, o para reflejar el valor real de los activos, como lo exigen las normas internacionales.

Quedan indicios de que la distribución de tareas entre el Ministerio de Hacienda, encargado de lo relacionado con el gasto, y Planeación Nacional, responsable de la inversión, no es afortunada a la hora de elaborar el presupuesto.

El acierto en los usos depende del diseño mismo de los procesos y de la estructura de lo público. Azuero y Urrea se limitan a esperar un mejor funcionamiento como consecuencia de más rigor en el procedimiento. No lo cuestionan, pero sí anotan la importancia de actuar con firmeza en las actuales circunstancias extremas, producto de una pésima gestión precedente.

Cabe complementar ese enfoque con una reflexión: el límite del gasto de gobierno depende de la capacidad de servicio de deuda del país, a su vez determinada por el crecimiento esperado, en cuya definición tienen un papel importante las políticas públicas reflejadas en el mismo gasto. La calidad de las instituciones, concebidas como conjuntos de procesos, es clave en ese ciclo, que puede ser virtuoso o vicioso.

Si bien lograr el máximo ingreso no es el propósito central del Estado, un desempeño económico adecuado es condición necesaria para atender de manera eficaz los objetivos sociales, muchos de ellos con beneficios ulteriores en lo económico, en particular los derivados de una mejor educación y de los servicios de salud.

A mayor audacia, mayores beneficios, con sujeción a un método adecuado, orden y rigor. Hoy es preciso apagar el incendio mediante actos administrativos e impulso a modificaciones de ley, pero procede examinar propuestas para rediseñar el Estado colombiano con apoyo en ejercicios analíticos acertados.

Si corresponde al legislador la tarea de hacer las reglas y ha quedado al desnudo su incapacidad para evaluar el presupuesto, procede impulsar reformas que logren una mejor conformación, con proporcionalidad y representatividad, pero también con idoneidad para la labor.

El primer paso es establecer reglas para que haya verdaderos partidos políticos, con espacio para la participación permanente de todos los ciudadanos. Es fácil y necesario hacerlo. El gobierno tiene la palabra.