El envejecimiento del último siglo en todo el mundo es impresionante: la expectativa de vida se dobló, como consecuencia de mejores prácticas sanitarias, mayor productividad agrícola para mitigar hambrunas y desnutrición, y avances en medicina. Entre tanto, la necesidad de educación previa para la vida laboral aumentó. El final de la vida laboral también se extendió, pero menos que la vida probable esperada. Por consiguiente, la brecha entre la vida de las personas y su fase productiva creció mucho. Esta transformación crea en forma paulatina un segmento social de ancianos muy significativo. Además, el gasto en servicios de salud para adultos mayores aumenta rápido en función de la edad. De otra parte, ellos pierden funcionalidades básicas para la vida cotidiana, lo cual significa en la práctica que el ordenamiento social debe destinar recursos para apoyarlos. Será preciso ahorrar para atender las necesidades de esta población creciente no productiva.

El nuevo escenario exige proporción creciente del ingreso total dedicada a la población improductiva. La población de adultos mayores incluye a personas que han trabajado de manera informal y no han participado en procesos de segregación de recursos para atender sus necesidades cuando su deterioro fisiológico les impide generar ingresos; como envejecen sin derechos pensionales, requieren subsidios crecientes.

Hay dos problemas adicionales. En primer lugar, en muchos países la normatividad no ha ajustado, por razones políticas, la edad en la cual se adquiere el derecho a la pensión por vejez; en Latinoamérica es común, además, que la edad de jubilación de las mujeres sea menor que la de los varones, pese a tener ellas mayor expectativa de vida, lo cual desborda toda lógica. En segundo lugar, la tecnología amenazará la funcionalidad laboral de la población en general, lo cual implicará necesidad de transferencias para sostener a más personas incapaces de generar ingresos, si no se mitiga el riesgo con esquemas eficaces de educación continua universal.

Así las cosas, se necesita abordar objetivos diversos por envejecimiento e improductividad: sostener a población sin capacidad productiva, subsidiar a quienes no tienen derechos pensionales, extender y proteger la vida productiva, reducir la informalidad y abordar los costos crecientes de los servicios de salud, que aumentan además por los requerimientos de nuevas herramientas, cada día más sofisticadas y costosas. Solo se puede atender estos retos con creciente productividad, entendida esta como valor agregado por hora trabajada. Para este propósito se requiere inversión en bienes de capital, mayor tiempo invertido en el trabajo y, sobre todo, mejores procesos y organización para atender las tareas de producción y distribución de bienes y servicios. Por supuesto, el crecimiento rápido y sostenido del ingreso aumentará el valor esperado de los flujos de caja futuros de las empresas; en este escenario, las acciones adquiridas por quienes administran los fondos de pensiones serían fuente importante para el pago de montos crecientes. Se necesitará mejor gestión pública y privada.

El envejecimiento exige solidaridad entre los habitantes del planeta y cooperación entre las diversas instituciones mediante las cuales se ordenan los procesos sociales. El beneficio será decisivo para la armonía de la especie.