La desigualdad impera. El Estado debe promover relativa igualdad de oportunidades al prestar servicios de educación y salud. La tarea requiere buen uso de los recursos públicos, que hoy suman 30% o más del producto interno bruto en todo el mundo. La tarea no es fácil: el desperdicio, reflejo de procesos institucionales inadecuados, es significativo. Entre tanto, la innovación, con frecuencia beneficiada en exceso por las leyes, de una parte, y las prácticas restrictivas para formar las estructuras de poder, de la otra, impulsan diferencias crecientes entre la cúpula económica y el resto de la población. El profesor T. Piketty sostiene que es inevitable el mayor crecimiento en valor para el capital en relación con el trabajo, debido al mayor riesgo que sus propietarios asumen. Sin embargo, hay mucho por hacer para abordar el asunto: los gravámenes al patrimonio son solución facilista.

Hay riesgos innecesarios, crecimiento lento por no aprovecharse las ventajas comparativas relativas, y deficiente educación. El acertado diseño de procesos públicos permitiría mitigar factores de incertidumbre. De otra parte, el valor del trabajo aumentaría más que el valor del capital si el crecimiento fuera más rápido y equilibrado: pobreza y desigualdad prevalentes en muchas regiones admiten estrategias apropiadas, sobre todo en las fases iniciales del crecimiento rápido. Al final, la receta eficaz contra la tendencia a la desigualdad es la buena educación pública para todos, que produciría sociedades con mentalidad abierta, mayor confianza y mejor articulación.

Reducir inequidades mediante el impuesto al patrimonio, como propone Piketty, o por caminos incluso más radicales, desestimula la creatividad y suele castigar a quien atesora recursos para obtener rédito y acumular medios para subsistir más allá de su vida productiva. El ahorro sacrifica consumo, y ese esfuerzo permite financiar la inversión. En el proceso de acumular se pagan impuestos sobre la renta. El valor del patrimonio refleja la capacidad de los activos acumulados para producir caja libre en el futuro con apoyo en deuda financiera, cuyo servicio tendrá mayor probabilidad de cumplirse y menos costo que la distribución de beneficios para remunerar activos con mayor riesgo. Merece especial revisión el impuesto a las herencias: la asignación de recursos a causas altruistas puede motivar a los sucesores de su causante a acertar en la administración del residuo. En contraste, gravar en forma arbitraria los patrimonios al morir quien los acumuló desvía capitales a países con marco normativo más equilibrado, con perjuicio para la economía, y pone en entredicho el respeto por el esfuerzo. La claridad en relación con impuestos al patrimonio y a las sucesiones evitará desaciertos.

El Estado apropiado es diferente en cada momento; por ello las instituciones públicas deben revisarse en forma permanente y sistemática. Es preciso evitar el desperdicio que impulsa la tendencia a la burocratización. Las reglas impositivas deben ser claras, simples, estables y libres de preferencia. Deben apoyarse en normas contables uniformes, consensos internacionales sobre legislación tributaria y límites efectivos a los paraísos fiscales. La información procesada por los sistemas financieros permitiría conciliar flujos, identificar transacciones y tasar obligaciones fiscales. Hay mucho por hacer en vez de confiscar.