La industria hoy no es la fuente de generación de empleo y la escuela para el trabajo de hace medio siglo, pero sí es importante porque permite agregar valor a los recursos naturales para así aprovechar mejor las ventajas comparativas, le da sentido a invertir en construir conocimiento y abrir así espacio al cambio necesario para el progreso sólido. No todos los países pueden tener la vocación industrial que evidencian Alemania, Japón y Corea del Sur, pero el sector es vital para avanzar hacia el desarrollo social y económico.

Desde la posguerra hasta la apertura del país al mercado internacional en 1990 el Estado colombiano acogió la orientación de la Cepal y protegió la producción nacional, como en otros países de Latinoamérica. La reducción radical de barreras arancelarias al comenzar los noventa tuvo impacto dramático, con grave pérdida de conocimiento acumulado durante varias décadas, porque coincidieron la nueva Constitución y la revaluación del peso.

El papel prevalente del petróleo en la canasta de las exportaciones en lustros recientes ha sido nocivo para establecer industria con vocación de permanencia: las fluctuaciones en el mercado internacional de los precios de hidrocarburos se han reflejado en la tasa de cambio, con consecuencias negativas para la confianza de inversionistas con orientación industrial.

No ha habido política contracíclica consistente, con mesura en el uso de los recursos provenientes del aprovechamiento de los recursos no renovables en épocas de precios altos, para evitar efectos cambiarios inconsistentes con el propósito de acumular capital y experiencia; por el contrario, se ha asignado dinero público, cuyo monto no tenía precedente, a usos de mala calidad, sin impacto positivo para la competitividad futura de las cadenas de valor para producir y distribuir bienes y servicios.

La consecuencia ha sido desastrosa para la industria nacional, cuya competitividad en los mercados mundiales se ha erosionado porque la productividad (medida como valor agregado por hora de trabajo) es una de las más bajas de Latinoamérica y el Caribe, la infraestructura no ha avanzado con la velocidad requerida, y los costos laborales adicionales al salario, derivados de leyes laborales, son elevados en relación con los de otros países de similar desarrollo. Se permite la revaluación sin lograr incrementos en la productividad en comparación con la de otros países.

Además la orientación hacia el corto plazo del marco normativo para lo público, la corrupción y la limitada autonomía de las ciudades región para definir su estrategia de desarrollo socio económico hacen difícil la definición de consensos sobre cómo articular lo público y lo privado para lograr crecimiento sostenido y mejora en la distribución del ingreso.

La sociedad ha avanzado mucho desde la posguerra. Hoy es urbana y alfabeta.

Sin embargo, el ordenamiento de lo público desde la Constitución de 1991 es hoy el mayor obstáculo para el desarrollo integral. Los pésimos procesos públicos básicos, la educación, muy mediocre en el contexto internacional como la de casi toda Latinoamérica, y la marcada reducción bajo el actual gobierno en la asignación de recursos para ciencia y tecnología impiden avanzar con firmeza. Es preciso pensar de nuevo el Estado y la transición necesaria sin poner en riesgo lo positivo ni la estabilidad del país. Ese sí es reto.