Desde la perspectiva social y económica, el desarrollo es el proceso que permite a una sociedad ofrecer vida digna y sostenible para todos. Implica el tránsito de una comunidad tradicional y pobre a una sociedad con oportunidades para todos. Occidente experimentó transformaciones de todo orden producto de la Revolución Industrial desde el siglo XIX.

El proceso social se perturbó por las guerras mundiales, pero los logros desde la posguerra no tienen precedentes: el ingreso por habitante del planeta ha aumentado 15 veces y la pobreza extrema ha bajado de 60% a 10% de la población mundial. Se acabaron las hambrunas masivas y la mayoría de la población se volvió urbana.

La población total, tras triplicarse en medio siglo, ha reducido su crecimiento y tiende a estabilizarse. En casi todas partes, la mujer ha reducido su subordinación al varón y participa en la fuerza laboral. En las últimas décadas se ha establecido el desarrollo como cultivo de capacidades que permiten el tránsito a la libertad, y Naciones Unidas evalúa el desarrollo humano de los países, que no coincide con el ingreso por habitante, la medida más usada por los economistas.

Por supuesto, el mundo cambia y, con él, las condiciones de sostenibilidad. Aparecen exigencias diferentes porque no hay equilibrio estable en los sistemas sociales. Lo alcanzado no es suficiente: las expectativas han aumentado, en parte porque la abolición del analfabetismo y la tecnología de la comunicación han alimentado el deseo de progreso.

Ahora hay nuevos retos que consumirán recursos para lograr la sostenibilidad de la especie: el envejecimiento, que aumenta la brecha entre vida productiva y expectativa de vida; la automatización, que amenaza con severas fracturas sociales, y los riesgos por perturbación al medioambiente, cuya atención, inhibida por una visión de corto plazo, es una exigencia inexorable.

Los economistas han escrito tratados sobre el desarrollo, pero suelen omitir la eficacia de los procesos públicos como elemento determinante para lograr propósitos, pese al importante aumento de la participación del Estado en la economía, en parte por la necesidad de ofrecer cobertura universal en servicios de salud y educación, en atención a la exigencia social de solidaridad, valor que complementa el respeto como cimientos éticos propios de la época. Cabe destacar que los países son muy diferentes entre sí en tamaño, ingreso y ordenamiento institucional. Además, excepto en la Unión Europea, hay escasa orientación en las instancias directivas hacia la integración, necesaria para facilitar el libre flujo de bienes y servicios y así lograr un uso más eficiente de recursos escasos.

En contraste, el capital cruza fronteras con facilidad. Procede resaltar también la limitada participación de los habitantes en asuntos de su comunidad inmediata, de una parte, y de todos los humanos en lo global: no se impulsa la educación necesaria para la participación universal efectiva, aun en países hoy calificados como desarrollados.

Hoy la realidad obliga a los humanos a organizarse para definir objetivos, estrategias, procesos y estructuras de lo público. El ámbito privado de Occidente ha aplicado modelos de gobierno corporativo desde hace ocho siglos, que ofrecen elementos valiosos para construir instituciones políticas idóneas para la nueva gran aventura de la especie: sobrevivir y prosperar en el ámbito complejo del siglo XXI.