Juzgar la conducta de los miembros de la sociedad es compleja tarea ética. De allí la importancia de producir un marco normativo eficaz para definir qué está bien y qué está mal, disponer de procesos claros y eficientes, y jueces idóneos. La población del planeta se quintuplicó entre finales del siglo 19 y hoy, la densidad de interacción aumentó de manera impresionante por la urbanización, pues hace 120 años tres cuartas partes de la población mundial era rural, y la capacidad para leer y escribir hoy es casi universal. Estos cambios tuvieron impacto en la institucionalidad de Occidente, pues muchos elementos restrictivos fundamentados en la búsqueda de la salvación del alma individual, libre e inmortal han perdido eficacia porque la tradición religiosa cristiana se ha desdibujado. El reto de imponer conductas aceptables por la vía de las instituciones públicas es hoy enorme, pues la globalización ofrece mejoras materiales pero también abre espacios para laxitud, por la libertad para los flujos internacionales de capital y la existencia de paraísos fiscales.
Las instituciones judiciales de Colombia, desdibujadas en la Asamblea de 1991, son ineficaces frente a este nuevo mundo. Era urgente dar marco adecuado a la protección de los derechos fundamentales, pero los cambios no resultaron en procesos fluidos, eficaces y consistentes. El actual ordenamiento suma 122 magistrados en el máximo nivel de la justicia, incluida la JEP. El número es obstáculo para lograr consistencia en el lenguaje en las instancias más altas. Como consecuencia, tampoco hay claridad en la línea que deben seguir las demás instancias. La ambigüedad de la Constitución ha desembocado en diferencias de criterio entre las diversas altas cortes, en contravía de la lógica que asignaría máxima autoridad de la Corte Constitucional en materia jurisprudencial, por ser de mayor jerarquía la norma sobre la cual versan sus sentencias.
Al caos en el lenguaje se suman serios problemas administrativos. En primer lugar es preciso destacar la debilidad tecnológica de la actividad judicial, en un momento de la historia privilegiado para acceder a jurisprudencias e información para valorar evidencias con el objetivo de lograr calidad y celeridad en los pronunciamientos. En segundo lugar, el diseño de los procesos es inaceptable; a vía de ejemplo, no es justo que la mitad de las audiencias de la Fiscalía se aplacen. En tercer lugar, el diseño organizacional es inadecuado; como consecuencia, los jueces y sus subordinados no tienen los procesos de selección, capacitación permanente, evaluación y remuneración que la realidad exige.
El sector empresarial se ha marginado de la Rama Judicial hasta donde es posible: dirime sus diferencias comerciales y civiles mediante procesos arbitrales. La Superintendencia de Sociedades tiene su propio vehículo para arbitramentos; así facilita a sus vigiladas evitar los problemas de tramitar disputas a través de los juzgados. La resignación de los colombianos ante el caos en las ramas legislativa y judicial está en la raíz de la baja productividad del país. Solo en un ambiente con cierto grado de seguridad jurídica y procesos públicos decorosos podrá florecer el conjunto de instituciones públicas y privadas necesarias para aprovechar las oportunidades de prosperar que ofrece la sociedad globalizada, pero los gobiernos no reconocen la realidad.