La realidad, pese a importantes avances en las últimas décadas, no era satisfactoria: Colombia era pobre, desigual y violenta. Sus instituciones políticas no atendían las necesidades y expectativas de la sociedad, que se transformó en el último medio siglo y aspiraba a mejores oportunidades.
La deuda pública, pese a la perturbación causada por la epidemia global de 2020-2021, estaba en niveles tolerables, aunque cerca del límite en relación con las expectativas de crecimiento. La tasa de cambio, de otra parte, permitía oportunidades para cadenas productivas.

Desde entonces el crecimiento de la economía ha sido muy modesto; en cambio, se han acumulado factores negativos difíciles de neutralizar sin cambios profundos en políticas económicas y ajustes en instituciones públicas. Cabe recordar que casi un tercio del ingreso nacional pasa por el gobierno nacional y las entidades territoriales.

El gobierno central ha aumentado los subsidios a estamentos vulnerables y su número de colaboradores de un millón a 1,3 millones aproximadamente, o 30%. Además aumentó el salario mínimo 23% para 2026, cuando el índice de precios al consumidor aumentó 5% en 2025, lo cual significa que con seguridad habrá inflación alta en 2026 si no hay corrección por cuenta de providencias judiciales.

La base de la pirámide no ha notado las consecuencias del desorden. Quizás ha mejorado su condición, por ahora.

Además del mayor gasto público de mala calidad con deuda adicional, en gran parte en moneda extranjera, el modesto crecimiento de 2025 se debió a aumento en remesas, cuyas cifras fueron similares a las de exportaciones de petróleo, el rubro más importante de la balanza comercial. El peso se ha fortalecido en meses recientes pero no por mejoras en productividad sino por la emigración de 3 millones de colombianos en busca de oportunidades. Esta circunstancia, conjugada con el mayor salario mínimo, amenaza la sostenibilidad de importantes cadenas agroindustriales.

La economía funcionaría mejor si la población tuviera seguridad en todo el territorio, capítulo en el cual ha habido serio retroceso. El país estaba en mora de aumentar la remuneración a la base del ejército, pero esta medida no tendrá beneficio para la sociedad porque el ordenamiento de las fuerzas armadas se deterioró desde el primer día del gobierno actual y los privilegios a grupos ilegales armados se institucionalizaron con la “paz total”. Dos tercios del territorio, con 10% de la población, están bajo su control.

Los aspirantes al solio de Bolívar no proponen cambios sustantivos en las instituciones; quizás se han resignado a un estado corrupto, que no impulsa el crecimiento. En contraste, el presidente G. Petro propone reformas mediante Asamblea Constituyente, con propósitos arbitrarios y sin método adecuado.

Se necesita que el estado sí funcione y el país ofrezca oportunidades para todos. Se necesitan medidas acertadas contra la corrupción, con verdaderos partidos, reglas efectivas sobre campañas y su financiación, sistema moderno de control atado al registro de transacciones, y simplificación radical de las reglas fiscales. Además se deben suprimir costosas protecciones no arancelarias para impulsar eficiencia, no preferencia.

Será preciso conjugar audacia y rigor para neutralizar las consecuencias nocivas del gobierno de G. Petro y ofrecer mejor futuro a los colombianos.