El Gobierno de Colombia se financia con recaudo de diversos impuestos, regalías de petróleo y rendimiento de inversiones, en particular Ecopetrol e ISA. En 2018 se aprobó la Ley de financiamiento, con vigencia solo para este año porque la Corte Constitucional la declaró inexequible por vicios de trámite. El déficit en 2019 será 3% del presupuesto porque han aumentado los recaudos con la ayuda de dos elementos importantes: la normalización de activos, cuyo mayor efecto ya ocurrió, y la retención en la fuente correspondiente a las elevadas tarifas para personas naturales que estableció la ley. El impuesto para las sociedades comerciales es el mayor de la Ocde, pero la proporción de los impuestos frente al Producto Interno Bruto es quizá la más baja.
Esta situación refleja evasión y el faltante se corrige mediante el aumento de los impuestos a quienes sí pagan. Se puede anticipar la reacción de las clases medias ante sus declaraciones de renta el año entrante sobre los ingresos de este año: habrá debilitamiento del respaldo al Gobierno. Los directivos gremiales han abogado por la aprobación de la misma Ley de financiamiento, pero preocupa que, en adición a elevadas tarifas para personas naturales, la norma trae importantes beneficios fiscales para ciertas inversiones, práctica muy discutible. El Ministro de Hacienda es buen técnico, pero despliega poca sensibilidad social desde el primer día, lo cual ha costado mucho prestigio al Gobierno; incluso cuando trabajó en el gobierno de Álvaro Uribe sostuvo que el aumento del IVA no tiene impacto regresivo en la distribución del ingreso, lo cual es contraevidente.
Lo público debe fundamentar el atractivo de la inversión para el sector privado en buena educación, infraestructura eficiente, monopolio del poder coercitivo por el Estado, justicia independiente y eficaz, y un marco normativo moderno, cimentado en el respaldo de la población, con malla protectora de seguridad social adecuada.
Entre las perspectivas fiscales de mediano plazo preocupa la posible caída en el precio del petróleo: se ha hecho más eficiente el proceso de fracking en EE.UU. y ha habido en los últimos dos años un racimo de descubrimientos de yacimientos convencionales en el mundo. Esta situación, conjugada con menor tasa de crecimiento de la economía mundial, podría reflejarse en precios menores de US$50 por barril tipo Brent y un poco menos para el West Texas Intermediate, el relevante para el petróleo de Colombia. Las proyecciones oficiales están bien por encima. Así las cosas, convendría más al país y al Gobierno asumir un déficit grande por una sola vez, tomar más deuda pública para el año entrante, e impulsar la revisión comprensiva de las instituciones públicas para lograr mejores resultados con menos recursos.
El Presidente se evitaría negociaciones complejas con los partidos tibios, como el Liberal y el Partido de la U, para atender la emergencia fiscal, y resolvería de una vez por todas el problema de inadecuado diseño de las instituciones, con beneficio inmediato. Este fue el camino convenido para conjurar el problema de institucionalidad en Chile, donde el contraste entre un empresariado moderno y un Estado arcaico desembocó en conflicto cuando la tasa de crecimiento se redujo. La economía globalizada exige calidad en todos los ámbitos, y Colombia, país muy desigual, no puede ser la excepción.