Las necesidades planteadas siempre exceden lo disponible. En las empresas se asigna el flujo de caja disponible para inversiones a cumplir con las normas laborales y ambientales, remunerar a los accionistas, reproducir el capital para preservar y aumentar valor y, si se puede, emprender nuevas epopeyas en el mundo de los negocios, con más amplio portafolio de bienes y servicios o diversificación de riesgo país. Las organizaciones no gubernamentales tienen objetivos menos precisos que las empresas; deben evitar excesiva dispersión de frentes y construir indicadores para estimar eficacia de usos desde la perspectiva social.
Lo público, en contraste, es vulnerable ante la corrupción y la escasa disciplina profesional. Los procesos para escoger los representantes de los electores son deficientes, los mecanismos para asegurar que las transacciones atiendan los objetivos de los representados frágiles y los procesos para aprobación poco rigurosos. El corto plazo tiene beneficio de consecuencias electorales, así evaluaciones serias apunten a privilegiar el resultado de largo plazo.
Desde principios de los setenta fluctuaron los valores relativos de las monedas con fundamento en las productividades, el precio del petróleo y los flujos de capital, algunos especulativos y otros fruto de incertidumbres políticas. La adopción de moneda común en la mayoría de los países de Europa Occidental se fundamentó en límites al déficit fiscal, pero no hubo normas sobre calidad del gasto público. Ello ha redundado en elevado endeudamiento de algunos países, como Italia, España y Bélgica, sin que ello produzca mayor crecimiento económico; en contraste, Alemania, que invirtió en impulsar un mejor futuro, tiene enormes superávits comerciales, sin que el excedente le genere pérdida de competitividad a sus empresas.
En Colombia la calidad del gasto es muy deficiente. Los procedimientos técnicos para hacer eficiente asignación de recursos no se aplican con rigor, porque consideraciones políticas interfieren en las decisiones, hoy más centralizadas incluso que antes de la Constitución de 1991, donde se creyó haber impulsado la autonomía regional. La mala educación pública básica y media es debilidad seria para las perspectivas del país hacia adelante. La ausencia de justicia eficaz y la falta de procesos inteligentes para la formación del legislador son obstáculos para lograr que el Estado ejerza el monopolio del poder coercitivo y tenga papel coherente en procesos de desarrollo sostenible, fundados en la práctica en valores apropiados.
El sistema de control separado de la administración, inapropiado pero además hoy con mecanismos improvisados que rayan en la coadministración, es contraproducente para el propósito de gestión acertada. No hay suficiente inversión en infraestructura para mejorar la competitividad de las ciudades región pero en cambio se tolera derroche en diversos frentes, en particular en el gasto administrativo, con un gobierno central cuyo equipo primario tiene veintiocho personas sin contar los altos consejeros. Las tarifas impositivas sobre la renta a sociedades son las más altas de la Ocde, pero la participación de los impuestos en el PIB es muy baja en comparación con los países desarrollados, alrededor de la mitad. Todo esto es motivo de honda reflexión: la calidad del gasto público hoy incidirá en la calidad de vida de mañana.