En principio, el libre comercio es la más eficiente regla para asignar recursos. Como previó Adam Smith en ‘La Riqueza de las Naciones’ (1776), cada comunidad debe concentrar su atención en lo que hace bien. David Ricardo estableció en su Teoría de Política Económica (1817) que la orientación a los mercados internacionales se debe cimentar en las ventajas comparativas. Sin embargo, más de dos siglos después no hay plena libertad de comercio. Los países ricos protegen su agricultura con propósitos políticos, y los países pobres se orientan a productos primarios o a manufactura con mano de obra barato; no son competitivos, en general, en cadenas de valor basadas en el conocimiento. La Comunidad Económica Europea se formó en 1957 a partir de la Comunidad del Carbón y del Acero de 1951. La Organización Mundial de Comercio se estableció en 1994, por la transformación del Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas de 1947. Sin embargo, desde los 90 del siglo pasado el mundo, bajo el liderazgo de Estados Unidos, optó por acuerdos bilaterales llamados de libre comercio, que en verdad son complejos acuerdos preferenciales.

En Latinoamérica, pese a la transformación social y económica desde la posguerra asociada al proceso de urbanización, el coeficiente de Gini después de impuestos, que mide la desigualdad, es muy alto, la informalidad cobija a casi la mitad de la población, y el crecimiento económico hoy es muy modesto. En general, los países de la región abrieron sus economías a finales de los años ochenta y principios de los 90 a raíz de la crisis de la deuda de los gobiernos centrales, y abandonaron la protección a la producción nacional y sustitución de importaciones que había impulsado la Conferencia Económica para América Latina de Naciones Unidas, sin el ordenamiento apropiado.

Los países andinos pretendieron integración comercial sin unidad política en los años 70, mediante acuerdos preferenciales; no aprovecharon lo modesto de sus diferencias culturales comparadas con las existentes entre los países de la Comunidad Económica Europea. Tampoco impulsaron la provisión de infraestructura para facilitar el comercio. Hoy hay diferencias notables entre ellos en seguridad social, lo que inhibe la libre movilidad del trabajo, pero todos enfrentan evidentes deficiencias de procesos públicos básicos, cuya atención es inaplazable. La integración con instituciones públicas de mejor diseño traería unidad fiscal y monetaria, con salvedades pertinentes para la distribución de los recursos del subsuelo, y la ampliación del ámbito laboral, natural porque no habría barreras de lenguaje. Lo anterior, complementado con políticas educativas mucho mejores y consolidación de los recursos dedicados a investigación, desarrollo e innovación, permitiría crecimiento más rápido, con economía más diversa y más valor agregado. Hoy se enfrentan precios volátiles de productos primarios, y el petróleo es determinante para Venezuela y Colombia. En un ámbito integrado la moneda sería más estable y habría espacio para un mayor número de subsectores, lo cual favorecería el establecimiento de política industrial apropiada en cada ciudad región, con miras a participar en la economía globalizada. Con un sector público menos improductivo, la tasa de crecimiento sería más alta, la distribución del ingreso mejoraría, y la protección necesaria sería menor.