La guerra entre el Estado y las Farc comenzó a mediados de los años 60. El narcotráfico nutrió al enemigo. Al entregar el poder A. Pastrana, en 2002 había 468 municipios bajo control de las Farc, según datos oficiales. Al entregar A. Uribe en 2010, eran 242; había habido intentos fallidos de negociar acuerdo para terminar la guerra. J. M. Santos inició nuevo proceso que desembocó, tras muchas peripecias, en los Acuerdos de La Habana, firmados en 2016, con concesiones de J. F. Cristo y R. Barreras que no habían aceptado H. De la Calle y S. Jaramillo. El gobierno, envalentonado por encuestas, decidió hacer un plebiscito, que resultó en desaprobación, por un margen estrecho. En vez de hacer nuevo plebiscito, se firmaron nuevos acuerdos, muy similares a los improbados en el plebiscito, y elevados a la categoría de norma constitucional mediante trámite acelerado. Hubo desalojo territorial y reinserción a la sociedad civil de más de tres cuartas partes de la base del ejército enemigo, pero el Estado no ocupó el territorio desocupado.
El desorden en la periferia se ha acentuado desde entonces. Al narcotráfico se le han sumado minería ilegal en gran escala, y se han mantenido el secuestro y la extorsión.
Los defectos de los acuerdos no son la causa de que el Estado no ejerza el monopolio de la fuerza. Más bien, la deficiencia se debe a pésimos procesos para hacer reglas y juzgar conductas, que lo hacen ineficaz en la tarea de preservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad; en extensas zonas de las ciudades la policía no tiene cabida.
Sin embargo, cabe señalar defectos protuberantes en los Acuerdos. Las premisas sobre agricultura que subyacen al Acuerdo sobre Política Agraria no corresponden a las prácticas del mundo actual, de creciente automatización, con unidades productivas cada vez mayores; la República Popular China lidera en innovación. Tampoco se reconoció la necesidad de neutralizar las consecuencias de subsidios y protecciones a la agricultura en los países desarrollados, China e India, ni el riesgo de volatilidad de tasa de cambio, sensible a precios de petróleo.
La desmovilización se complementó con posición privilegiada en el ordenamiento político para la cúpula enemiga. No se diseñó solución efectiva para los mandos medios, acostumbrados a ingresos en lo ilícito muy superiores a los probables como trabajadores. Muchos se trasladaron a otros grupos ilegales armados, y el modesto crecimiento económico desde entonces ha facilitado la construcción de base para las diversas organizaciones delincuenciales.
Los Acuerdos no resolvieron el problema que los motivó: se hizo la paz con el menos sanguinario y más ordenado ejército enemigo, pero hoy campean grupos ilegales armados en buena parte del territorio. La Comisión de la Verdad asumió papel cuasi judicial, que no le correspondía. Decepciona lo conocido de su tarea. La Justicia Especial para la Paz, instancia judicial transicional vigente hasta 2032, no ha logrado el avance necesario. La laxitud en las penas a cabecillas con conductas criminales imperdonables y protuberantes ha socavado el prestigio de la institución. Sin embargo, hay caminos más constructivos que modificar la Constitución para acabar con la JEP. Es mejor ayudarla a revisarse para mejorar desempeño y lograr los objetivos señalados. A. De la Espriella tiene la oportunidad.