La historia reciente de EE.UU. y Latinoamérica invita a cuestionar la conveniencia del régimen presidencial en esta época: el Estado suele participar en 30% o más del producto interno bruto de los países; ello vuelve muy importante lograr la mejor organización de las instituciones públicas. El régimen presidencial surgió en 1787 en el Congreso de Filadelfia; se ofreció a George Washington el trono de los Estados Unidos de América, nación fruto de la declaración de independencia de 1776 y las acciones bélicas subsiguientes que él lideró. Washington rechazó la realeza y aceptó ser presidente. El Congreso de Filadelfia fue escenario de la negociación para construir un país mediante la conciliación de dos principios: la autonomía de los estados federales y la conveniencia de integrarlos en una nueva nación, con gobierno central, legislador y justicia conformados para cobijar los 13 estados vinculados. Así surgió la primera democracia liberal del mundo, con enormes responsabilidades en cabeza del presidente.
La invasión francesa de la península ibérica en 1808 motivó a las élites de Hispanoamérica a promover la independencia de España, tarea que cubrió los siguientes tres lustros. Los nuevos países tomaron como modelo de ordenamiento la estructura de EE.UU., único referente al alcance en ese momento: el liberalismo era aún corriente de escasa fuerza en Europa continental, y minoritario en Gran Bretaña. La casa de Braganza formó imperio en Brasil, pero fue depuesta en 1889. Desde entonces impera el régimen presidencial en Latinoamérica.
La teoría de la separación de poderes que fundamentó la constitución de EE.UU. refleja del Barón de Montesquieu, cuya obra maestra, El Espíritu de las Leyes, se publicó en 1748. La población mundial en 1787 no alcanzaba los 800 millones; hoy es diez veces esa cifra. La movilidad de bienes, personas y capitales en la actualidad y, en consecuencia, el consumo de energía, desbordan la imaginación de esa época. Es difícil asignar responsabilidades por los grandes procesos sociales del mundo, los países y las regiones. Sin embargo, en la tradición de las monarquías europeas, en EE.UU. y Latinoamérica, todos con régimen presidencial, hay el hábito de calificar los períodos de cada presidente. Esta práctica responde al papel simbólico del líder, que no tiene las restricciones partidistas del régimen parlamentario.
Colombia no es excepción. Se espera que cada presidente ejecute su plan, pese a la conveniencia de mantener estrategias fundadas en ventajas comparativas relativas de las regiones, y de los cambios de contexto por múltiples razones que aconsejan flexibilidad. Así, se dice que Uribe impulsó el crecimiento del petróleo en la economía, con perjuicio para el resto de cadenas productivas de bienes y servicios como consecuencia del fortalecimiento de la tasa de cambio, y que Santos derrochó los recursos de flujos sin precedentes de crudo a precios elevados.
La verdad es que la tragedia nacional tiene raíces profundas; no se puede acertar sin modificar los procesos públicos básicos. El punto de partida seria poner en tela de juicio el régimen presidencial y buscar un diseño más acorde con las necesidades del país, con partidos políticos efectivos, legislador conformado por mentes lúcidas, idóneas para la tarea trascendental de hacer las leyes, justicia eficaz y administración organizada para impulsar el crecimiento sostenido.