Al votar en Colombia se deberá asignar prioridad a defender la precaria democracia nacional. Las instituciones públicas son deficientes, y las tareas del servicio no atraen hoy el talento necesario porque su complejidad y la corrupción establecida hacen cada día más difícil el éxito para la gente vertical, pero las cosas podrían ser aún peores.

Esas instituciones alimentan la inadecuada articulación entre gobierno central y territorios, y las reglas comerciales, fiscales y laborales que inhiben el uso eficiente de los recursos disponibles. Aunadas a cierta estrechez visual de los empresarios, no han redundado en buen desempeño de la economía. El máximo ingreso no es el objetivo para la sociedad, pero el crecimiento rápido y sostenido es necesario para que el estado pueda ofrecer a los habitantes del país cómo mejorar la vida de todos hacia el futuro.

El estado óptimo no corresponde a una definición permanente. Por el contrario, es diferente en cada momento: las necesidades y expectativas de toda sociedad varían. No se debe simplemente recortar la suma del gasto, sino asegurar que cada peso se use con beneficios superiores al costo que conlleva, que equivale al beneficio que podría producir en otros usos. La economía define el ingreso como la suma de los consumos, la inversión y el gasto gubernamental, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. El gasto de gobierno debe generar consumo sostenido, inversión privada y mejor balance comercial en ejercicios posteriores. De allí la necesidad de revisar lo público desde lo más básico, para aumentar la probabilidad de éxito.

El aprovechamiento inteligente de oportunidades impulsará el ingreso, pero también encarecerá el trabajo. En el proceso de crecimiento habrá momentos difíciles por este encarecimiento, pero se podrán sortear con el aprovechamiento de nuevas oportunidades y buena educación pública, universal y continua, necesaria además para mitigar los efectos de la ola de automatización inminente en todo el mundo, por la ia.

El capital privado es esencial en primera instancia para mejorar la gestión en el agregado y promover la innovación, pero además porque la brecha entre expectativa de vida y vida laboral tiende a aumentar en el mundo. Será imprescindible el impulso al ahorro pensional en cabeza de cada persona: todos los colombianos participarán en la propiedad en la proporción que su ahorro represente.

No parece viable la lucha eficaz contra la corrupción con las instituciones existentes. El beneficio de cambios acertados será colosal desde la perspectiva ética, con la consiguiente construcción de confianza, y desde la económica, con el aumento en la eficacia de los usos.
Apoyar la justicia es reto de envergadura; es preciso hacer capacitación permanente a todos sus servidores, revisar herramientas para aprovechar la tecnología y alinear voluntades alrededor del resultado necesario.

El legislador debe tener un perfil muy diferente del actual. La reforma constitucional de 1991 destruyó los partidos como vehículos de debate sobre lo público y alimentó la práctica de que cada aspirante movilice recursos para financiar su campaña.

Impulsar verdaderas transformaciones será la tarea del nuevo gobierno. Sin embargo, el actual participará en la contienda, y su aspirante podría destruir la frágil democracia existente. Es preciso derrotar esa opción en las urnas.