El lenguaje impreciso alimenta percepciones poco constructivas. En las elecciones francesas para la presidencia de 2016, la nacionalista Marine Le Pen introdujo en el debate la diferenciación entre patriotas defensores de la sociedad, la cultura y la economía del país, y globalistas, manipulados por el gran capital, que pretende conquistar el mundo mediante la erosión de la tradición y la imposición de ideologías con retórica progresista. El asunto tuvo impacto en la campaña presidencial de EE.UU. en 2020, en la que partidarios de Trump se identificaron con el patriotismo. La realidad es que los menores costos de transporte y comunicaciones han impulsado la integración de la economía mundial, con efectos en los mercados laborales de los países desarrollados, donde el trabajo se ha orientado a los servicios y la manufactura se ha centrado en producción automatizada, en tanto que la mano de obra fabril se ha desplazado a China y a otros países de Asia. Habrá nuevos ajustes a medida que la mano de obra asiática tenga más alternativas y se vuelva más costosa.
Latinoamérica enfrenta hoy narrativa de conflicto impulsada por personas desmesuradas, cuyas propuestas tienen implicaciones macroeconómicas y fiscales insostenibles, así nieguen intención de suprimir la propiedad privada en la producción y distribución de bienes y servicios. Imputan culpa a quienes supuestamente proponen desmontar toda protección social y promover el individualismo a ultranza. Esa narrativa de extremos no es útil para los propósitos esenciales de lo público: acertar en las tareas de legislar, juzgar y administrar. Acabar con la iniciativa privada conduciría a la burocratización y la coerción, con consecuencias nefastas para el cultivo de la libertad sostenible.
Por su parte, la eliminación de la malla protectora para la sociedad haría muy difícil la convivencia, sin distribución solidaria de riesgos de enfermedad, discapacidad y muerte, sin la relativa igualdad de oportunidades producto de la buena educación pública, y sin la regulación necesaria para evitar abusos de posición dominante o de asimetrías en relación contractual.
El papel del Estado depende de las circunstancias. Además de sus tareas básicas, que evolucionan con las circunstancias del mundo, asigna recursos para materializar oportunidades locales. La magnitud de sus recursos, del orden de 30% del PIB en Colombia y mayor en países desarrollados, obliga a construir narrativas razonables para evaluar alternativas. Aunque el nivel de educación de la región ha mejorado, se necesitan esfuerzos serios en calidad para enfrentar la integración planetaria, la evolución permanente de las tecnologías y su incidencia en el ordenamiento de la sociedad, y los cambios en cánones de ética y estética.
Así las cosas, la importancia relativa de los problemas está sujeta a modificación permanente, lo que exige más rigor en muchos ámbitos. Así, Occidente impulsó en la posguerra la proclamación de derechos humanos por la Organización de Naciones Unidas, pero no se priorizaron para dirimir entre propósitos en caso de conflicto. Por consiguiente, caben inconsistencias interpretativas, que también afloran en la enunciación colombiana y que la Corte Constitucional ha abordado despacio, con el inevitable sesgo ideológico de justicia politizada. Construir narrativas acertadas para alinear voluntades es gran reto comunicativo.