Todavía hay superávit de aspirantes y escasez de propuestas. Colombia tiene limitadas perspectivas de crecimiento, alto desempleo e informalidad y graves desigualdades en ingresos entre personas y entre regiones. El Estado en general es disfuncional. Las tasas de homicidio son elevadas como consecuencia de la debilidad de lo público, sobre todo en zonas muy afectadas por el narcotráfico. Es preciso trascender el mediocre sendero de desarrollo social y económico del país, similar al de casi toda Latinoamérica, e impulsar el crecimiento rápido, con mentalidad abierta al mundo y acertados indicadores de desempeño.
Urge revisar las instituciones básicas del país para lograr procesos eficaces, conducentes a la construcción del Estado Social de Derecho; el legislador no hace su tarea bien, no hay partidos de verdad y la justicia es ineficaz. Todo ello es producto del deficiente sistema político nacional y exige replanteamiento. Se debe estudiar la conveniencia del régimen presidencial, con sesgo al corto plazo y excesiva concentración de poder en una persona. También se debe revisar la geografía política: el ordenamiento de 1991 municipalizó la redistribución de los ingresos corrientes de la Nación al tiempo que en la práctica afirmó el centralismo, pese a las proclamas de la Asamblea; el papel de los departamentos es hoy tenue.
Aprovechar las ventajas comparativas de las regiones, suprimir protecciones no arancelarias y construir una canasta exportadora diversa debe ser propósito estratégico; no tiene sentido un país no petrolero con la mitad de sus exportaciones en petróleo. Además se debe mejorar la infraestructura, en particular vías terciarias para integrar a municipios periféricos. Conviene desmontar el nexo entre financiación de servicio de salud y remuneración al trabajo, para facilitar la creación de empleo formal.
Tener perspectivas más allá de la próxima década requiere mejor educación básica; el desempeño en pruebas internacionales es muy malo. También es preciso hacer más inversión en ciencia, tecnología e innovación para aprovechar el talento nacional en forma constructiva. Las finanzas públicas se deben robustecer mediante la supresión de privilegios y la simplificación radical del Estatuto Tributario. Procede anotar que la orientación al crecimiento reduce la presión para reducir deuda pública.
Las evaluaciones de Fedesarrollo apuntan a crecimiento sostenido a 8% por año durante al menos cinco años, frente al 3,5% que probablemente tendría Colombia sin ajustes importantes, como los propuestos. Las consecuencias prácticas de impulsar la eficiente asignación de recursos y mejor gestión pública son evidentes: reducción de la pobreza a niveles de 10% en 10 años contra 40% hoy, aumento significativo en la remuneración del trabajo y reducción drástica de desigualdad e informalidad. Con instituciones idóneas se podría reducir la tasa de homicidios de 25 por 100.000 a menos de 10 en 10 años. Consecuencia muy relevante de la revisión comprensiva de procesos sería que el Estado tendría por primera vez en la historia del país el monopolio efectivo de la fuerza, necesario para volver realidad el respeto a derechos fundamentales. Se propone construir un país próspero, con corrupción y narcotráfico bajo cintura, Estado eficaz y oportunidades para todos. Nunca es tarde para enfrentar retos. Los aspirantes tienen la palabra.