El Estado colombiano no funciona bien. No hay verdaderos partidos y la financiación de campañas es a cargo de cada aspirante, por lo cual el legislador es muy deficiente y hacer bien la tarea no es importante para reelección. La justicia es ineficaz. No hay articulación adecuada entre gobierno central y regiones, y los departamentos no tienen papel importante. El sistema de control y el régimen disciplinario contradicen los preceptos básicos de gestión moderna. La corrupción campea porque las reglas no impulsan el cultivo de la virtud cívica, y más bien facilitan el espacio a personas sin escrúpulos. La pésima calidad de la educación pública hace imposible aspirar a un futuro mucho mejor. Los atrasos en infraestructura frente a las necesidades son evidentes. Lo más grave quizá es la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza.

Los aspirantes al trono criollo deberían reconocer la inoperancia de lo público, que pesa más de 30% del producto interno bruto. Las tareas a cargo del Estado son decisivas para el futuro de la sociedad colombiana. Buenas instituciones facilitarían el crecimiento rápido de la economía, lo que resolvería los problemas fiscales con facilidad e impulsaría el aumento del ingreso real para los trabajadores. Habría sido lógico que la contienda por la presidencia se hubiera centrado en esta oportunidad evidente, cuya atención exige rehacer los cimientos y la estructura del Edificio Colombia sin molestar a sus habitantes, mediante proceso ordenado con participación de todos los ciudadanos bajo la dirección del presidente.

Eran de esperar propuestas audaces, sintéticas y de fondo, en vez de centrarse en asuntos de menos relieve o contraindicados, que no mueven el corazón de buena parte de los votantes porque no tienen motivo para confiar en lo existente: la informalidad cobija a la mitad de la población activa en la economía; la tasa de desempleo de la población excede 10% y entre los 18 y los 35 años excede 20%. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo; la diferencia entre campo y urbes es abismal, y no hay estrategias para mitigarla.

La distribución del ingreso es la misma antes y después de impuestos y subsidios, lo cual es escandaloso. La tasa de homicidios, del orden de 25 por 100.000, es altísima en comparación con la mayoría de los países.

La falta de oportunidades es fruto de la baja tasa de crecimiento del ingreso per cápita (2,3%) en los últimos 30 años, consecuencia a su vez del mal diseño de los procesos públicos. Las deficiencias del gobierno actual no son causa de los problemas sino consecuencia de ese diseño. El primer problema es el régimen presidencial, gestado en Filadelfia en 1787 y copiado en Iberoamérica. Sus problemas se evidencian en EE.UU., único país desarrollado que lo aplica a fondo. Los aspirantes deberían ofrecer ser Jefe de Estado sin la calidad de cabeza de gobierno al terminar período.

No bastan buenas intenciones y equipo, con apertura comercial, simplificación fiscal, separación de financiación de salud y remuneración formal, y demás reformas económicas necesarias para crecer rápido. Para construir el Estado Social de Derecho, acertado propósito de la Constitución, fundado en respeto y solidaridad, se requiere revisar el modo de hacer las reglas, juzgar las conductas y administrar lo público La metodología para la tarea está inventada; urge aplicarla.