Tener justicia requiere buenas normas, jueces idóneos, administración ordenada y ética de comunidad consistente con el propósito. Suele confundirse la justicia con la existencia de rama jurisdiccional apropiada, condición necesaria pero no suficiente. El primer elemento para lograrla es la valoración de la virtud cívica, o compromiso irrestricto con lo público evidente en la conducta de los asociados. El segundo es la educación para convivir, que comprende la construcción de criterios a lo largo de la vida, desde el vientre materno, y hasta la muerte: es necesario renovarlos para sobrevivir en circunstancias cambiantes.
El tercero es buen legislador y buena rama jurisdiccional del poder público; el uno define las normas apropiadas para las relaciones de los ciudadanos entre sí y su conducta frente al Estado, y la otra evalúa las conductas frente a las normas. El cuarto es administración pública eficaz, tarea que exige revisar, en adición a la formación de leyes y la emisión de sentencias, todos los demás procesos públicos, pues la prevención de conductas desviadas y la administración de las penas es parte integral del proceso de construcción de justicia.
Justa es la situación en la que a cada quién se da lo que le corresponde. Decidir qué es justo exige abordar el dilema clásico sobre énfasis en la distribución o en la retribución. La propiedad estatal de los medios de producción promueve la burocracia, es ineficaz para mejorar el ingreso, inhibe la creatividad y facilita el uso de lo público para mantener el poder. También es cierto que la propiedad privada sin restricciones permite el abuso a expensas del interés general, por lo cual es necesario construir mecanismos regulatorios acertados, sin que ello contradiga la legitimidad del rendimiento sobre la inversión, ni la asignación de recursos mediante economía de mercado.
Por otra parte, la igualdad de oportunidades es propósito necesario, así no se pueda lograr a cabalidad; para aprovechar el talento de toda la comunidad son procedentes la educación pública de buena calidad y la cobertura universal en salud, con incentivos para promover y prevenir.
También es preciso revisar la formación y operación de las instancias judiciales: no hay independencia si quien elige es el senado, como es el caso de la Corte Constitucional, con espacio para que Corte Suprema y Consejo de Estado, presumiblemente sus subordinados jurisdiccionales, postulen candidatos. De otra parte, la Corte Suprema se pronuncia sobre asuntos constitucionales con pretensión de última instancia, no hay evaluación sistemática de jueces y demás colaboradores de la justicia, ni se aprovecha en forma adecuada la tecnología para procesar información. Falta capacitar de manera sistemática a jueces y subordinados, auxiliares, y litigantes en pro de claridad y precisión. Se debe evitar providencias de miles de páginas en lenguaje farragoso. En el futuro habrá que procesar lenguaje natural herramientas computacionales para asegurar calidad, consistencia y productividad. Apoyar a la justicia debe ser parte integral de la tarea de administrar el país.
Tener justicia no se limita a la formación de las cortes ni a discusión sobre la JEP. Debe abarcar propósitos, formación para convivencia, y construcción de legislador, justicia y administración eficaces, sobre la base de un Estado con monopolio de la fuerza, respetuoso y al tiempo firme.