La propuesta de reforma pensional parece generosa, pero sería demasiado onerosa para las finanzas públicas y destructiva para el país. Mejoraría la circunstancia de los ancianos sin otro respaldo en montos no desmesurados, pero concentraría la expectativa pensional de la población en el régimen de prima media con subsidios del Estado, pondría en vilo la sostenibilidad de los fondos de pensiones y permitiría a los gobiernos despilfarrar recursos destinados a los pagos pensionales, sin capacidad para responder cuando el pasivo pensional acumulado sea notable. La propuesta no aborda los obstáculos al crecimiento del valor de los aportes a los fondos.
La seguridad social, incluidas las pensiones, fue innovación del gobierno de Von Bismarck en Alemania a finales del siglo 19. La expectativa de vida ha aumentado en todo el mundo en forma notable desde entonces, y la tendencia se va a mantener durante un tiempo según los expertos vinculados a Naciones Unidas. La fase productiva no crece a la misma tasa, pues la preparación previa requerida es, en promedio, cada vez más extensa, y el valor laboral puede declinar si no media capacitación permanente en diversas destrezas a lo largo de toda la vida. En consecuencia, la fase improductiva final puede extenderse en forma creciente. Paso previo inexorable es aumentar la edad de jubilación, hoy 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, siquiera a 65 para ambos; cabe anotar que la mujer tiene más expectativa de vida que el hombre.
De otra parte, el valor de los fondos de pensiones depende de la expectativa de flujos de caja de su portafolio de inversiones; con seguridad aumentará rápido si la economía crece a tasas altas. Este propósito se puede lograr con la combinación de varios cambios importantes. En primer lugar se necesita economía abierta para asegurar asignación eficiente de recursos, en contraste con la situación actual, caracterizada por innumerables protecciones no arancelarias.
La apertura se complementaría con identificación de ventajas comparativas relativas en las regiones, acuerdos correspondientes entre sector privado regional y entidades territoriales, y articulación adecuada entre regiones y gobierno central. En tercer lugar se debe facilitar la creación de empleo formal, para lo cual se deben suprimir la financiación de la salud con aportes salariales y los costos parafiscales de la remuneración. Además procede simplificar en forma radical el estatuto tributario. Para terminar, es preciso hacer reforma profunda de la educación para que las decisiones institucionales tengan lugar cerca del punto donde transcurre la relación entre docente y educandos.
Así las cosas, el mercado de capitales sería fuente habitual de recursos para empresas en sectores con potencial en ese escenario: la generación interna de fondos sería insuficiente para las necesidades; el trabajo y las acciones aumentarían valor mientras se mantuviera el crecimiento rápido. Con más ingreso se reduciría la población vulnerable. Además, quienes cumplieran edad de jubilación tendrían ingresos cercanos a los salarios como trabajadores activos. El proteccionismo, en contraste, ofrece oportunidades laborales limitadas, con remuneración modesta, y no impulsa la visión hacia el mundo más allá de las fronteras. La aritmética es implacable, por lo cual conviene tenerla en cuenta. Gobierno y Congreso tienen la palabra.