El peso es moneda muy volátil: la balanza comercial de Colombia depende en buena proporción del precio del petróleo desde 2008. Desde la invasión rusa a Ucrania la moneda ha tenido sobresaltos: primero, devaluación por el encarecimiento de granos, abonos y petróleo; después, salida de capitales, quizás por propuestas desacertadas del gobierno; en las últimas semanas revaluación, posiblemente por caída en las importaciones, conveniente para comprar maquinaria y hacer turismo afuera, pero inconveniente para la competitividad de productos y servicios nacionales.
La economía es pequeña: la población excede 50 millones, pero el ingreso por habitante solo es del orden de US$6.000. El de Panamá excede US$20.000, y los de Chile y Uruguay US$18.000. Los países desarrollados, por su parte, tienen ingresos por habitante de US$30.000 o más. Además, la suma de las exportaciones y las importaciones es del orden de un tercio del ingreso del país. Esta proporción es la mitad de lo deseable para crecer a tasas altas sostenidas, con el aprovechamiento de oportunidades para sus regiones en la economía internacional.
Tras las guerras mundiales rigió en el mundo por un cuarto de siglo un sistema de tasas fijas de cambio, que solo admitía cambios frente al dólar, moneda entonces preponderante, por desequilibrio fundamental en la balanza de pagos, compuesta por el neto de la cuenta corriente y la cuenta de capitales. La cuenta corriente, a su vez, es el neto de la balanza comercial, o diferencia entre exportaciones e importaciones, y la suma de los servicios y las transferencias. Ese sistema colapsó hace medio siglo; los países desarrollados se organizaron con tasas flotantes, pero Latinoamérica no lo hizo.
Colombia tenía un sistema de minidevaluaciones establecido por Carlos Lleras para mitigar riesgos de liquidez internacional por caídas del precio del café y para impulsar las exportaciones, a expensas del valor del trabajo. Solo se abandonó en 1990, cuando se abrió la economía y se estableció tasa de cambio flexible. Los beneficios de los nuevos esquemas se hicieron evidentes, pero pronto comenzaron a aparecer protecciones no arancelarias y beneficios fiscales selectivos. El país se cerró de nuevo en forma paulatina. Hace dos décadas se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se impulsó el aprovechamiento del petróleo, sin neutralizar el efecto de las mayores exportaciones de crudo en el valor del peso, por lo cual la canasta exportadora no se diversificó. Hoy la protección efectiva es similar a la vigente en el momento de la apertura, pese a los numerosos acuerdos preferenciales de comercio suscritos.
Desde 1991 la calidad del gasto público se ha deteriorado, a raíz de la improvisada Asamblea Constituyente de ese año, y la participación del Estado en la economía ha aumentado: hoy suma un tercio del ingreso total. El mal diseño de procesos públicos promueve la ineficiencia y la corrupción, con consecuencias negativas en productividad, exportaciones, ingreso, tasa de homicidios, desigualdad y calidad de la educación. La estrategia proteccionista del gobierno actual inhibe el crecimiento rápido y sostenido necesario para aumentar de manera significativa el valor real del trabajo y así reducir la proporción de la población bajo la línea de pobreza. Urge construir un nuevo país, inserto en el mundo, cuyo Estado sí funcione y facilite oportunidades para todos.