La agricultura en el mundo de hoy requiere tecnología, inversión y productos con valor agregado. Sin esos elementos está expuesta a la volatilidad propia de los precios de productos no diferenciados. Es determinante para el resto del mundo la política agrícola de la Unión Europea, EE.UU., China, Japón e India. Desde la posguerra, primero con argumentos de auto suficiencia como propósito nacional, y después con objetivos políticos de diversa índole, estos países subsidian la agricultura. Ello lleva a que los precios de los mercados internacionales para los excedentes de producción sean más bajos y volátiles que lo correspondiente a un sistema económico de competencia abierta, como el propuesto por Australia en el llamado Grupo de Cairnes. Hace un lustro se cerró un ciclo de precios altos en bienes primarios, y Latinoamérica, que se desindustrializó por cuenta de la necesidad de abrir sus mercados sin institucionalidad apropiada, registra tasas de crecimiento muy modestas, inadecuadas para enfrentar los problemas de desigualdad y expectativas insatisfechas de su población, en general de ingresos modestos, pero con valores de clase media. En Colombia se necesitaría además políticas públicas para evitar que periódicas revaluaciones del precio del petróleo dieran al traste con los esfuerzos para preparar, cultivar, mantener y cosechar, para luego procesar y distribuir.
Desde hace muchos años el paradigma de la posguerra perdió vigencia: ya no es solución la reforma agraria, porque los predios pequeños en la economía globalizada solo son competitivos en productos de importante valor agregado, en cuyo proceso productivo el rendimiento para la propiedad de la tierra calculado como el resultado de restar al precio final los demás costos y gastos, con su respectivo costo financiero, es pequeño, y cuyo componente de trabajo conlleva conocimiento importante. Además la población campesina se ha vinculado al mundo a través de los diversos medios que brindan las nuevas tecnologías y aspira a los servicios de salud, educación y recreación que ofrecen los ámbitos urbanos.
La ineficacia de lo público para mitigar la diferencia en ingreso entre campo y ciudad hace más restrictivas las perspectivas. De otra parte, las deficiencias en infraestructura hacen difícil la sostenibilidad económica de la agricultura en buena parte del territorio nacional: hay más de noventa países en el mundo con mejor red vial en el agregado. Lograr competitividad en las cadenas de valor con ventajas comparativas naturales requiere integración vertical hacia adelante: hay que promover la agroindustria.
Así las cosas, los elementos de política agraria contenidos en los acuerdos de La Habana y el Teatro de Colón carecen de verosimilitud. Este juicio no implica el rechazo a los acuerdos, sino solo a los convenios en materia agraria. El campesino tradicional no corresponde al prototipo adecuado para el habitante del campo hoy ni a sus espacios para la vida de los negocios. El camino para mejorar la distribución del ingreso en el campo debe partir de importantes incrementos en productividad, apoyados en educación, infraestructura, logística integradora, salud, justicia y seguridad. En el largo plazo se reduciría el costo de la inversión en fuerzas armadas: las políticas agrarias acertadas reducen el costo de ejercer el monopolio del poder coercitivo cuando la institucionalidad está ordenada en forma debida.