El equilibrio del cuerpo no es estático: el crecimiento de la infancia y la juventud desemboca en fase de apogeo, que dura unos pocos años, a partir de los 20; en ella, se logra la máxima capacidad la tarea biológica de reproducción. Después viene el paulatino declive, que desemboca en la vejez.
La salud es propósito: nunca está libre el ser humano de la presencia de formas vivas que pueden perturbarlo. Quizá la mayor vulnerabilidad es al principio y al final. La higiene básica, con agua corriente y alcantarillado, las vacunas para prevenir enfermedades, los antibióticos, las herramientas producto de las nuevas tecnologías y la oportunidad de vida ordenada han extendido en el último medio siglo la expectativa mucho más allá de la fase productiva.
Financiar los servicios de salud es un reto enorme. Se distribuye el costo entre todos los trabajadores y pensionados mediante pagos atados a la remuneración laboral y pensional, y el Estado subvenciona el faltante para ofrecer cobertura universal. Con la extensión de la vida aumentará el déficit.
La cobertura universal exige a los beneficiarios en sana ética conductas individuales que mitiguen riesgos: mesura en carbohidratos, grasas y etanol, ejercicio cotidiano y cultivo del espíritu para evitar la ansiedad. Sin embargo, la buena conducta, al extender el proceso, aumenta la probabilidad de llegar a fases costosas, donde el final llega por deterioro de los órganos asociado a la longevidad, o por procesos autodestructivos, como el cáncer. Preocupa el creciente costo de equipos, cada día más complejos, y de medicamentos, al menos en parte por el abuso de derechos producto de normas generosas sobre propiedad intelectual.
El sistema colombiano se diseñó en 1994, mediante la Ley 100, para asegurar a toda la población, mediante el pago contributivo o el beneficio solidario. En el cimiento del sistema estaba el propósito de incentivar la promoción de vidas saludables y la prevención de enfermedades. Para ello se establecieron las Entidades Promotoras de Salud, para impulsar la salud de sus afiliados y contener las enfermedades, que el paciente no siempre detecta. El éxito está en la atención básica oportuna, para reducir la necesidad de servicios de entidades dedicadas a la alta complejidad; en la práctica, las EPS se han enfocado al cobro al Estado, con enormes esfuerzos para documentar la atención a circunstancias no cubiertas por el Plan Obligatorio, impuesta por el ejercicio del derecho de tutela con pronunciamientos judiciales en muchos casos ligeros.
En 1994 se supuso que la informalidad se habría reducido a 40% de la población activa en 2005, pero el estancamiento de la economía entre 1998 y 2002 llevó la proporción de población subsidiada a más de 60%. Se esperaba la concurrencia de 6 o 7 firmas cuyos costos de administración y rendimiento se cubrirían con 7 puntos porcentuales de los aportes, pero llegó a haber hasta 60 EPS. De paso: la Superintendencia ha invertido mucha energía en administrar EPS intervenidas, en vez de entregarlas en fiducia a un consejo idóneo.
Lo cierto es que el propósito de lograr plena cobertura se logró. Hoy se debe revisar los procesos normativos y administrativos del sistema. Las expectativas exigen atención, en el entendido de que las comparaciones con la situación anterior a la Ley 100, de mucho desamparo para la base de la pirámide, no son relevantes.