Propósitos y recursos

Gustavo Moreno Montalvo

¿Cuál debe ser el tamaño del Estado? Es importante asegurar el uso eficiente de recursos limitados entre lo público y lo privado. Se requieren criterios racionales para asegurar que la calidad del gasto gubernamental convenga a la sociedad, la economía y el ambiente. Así, el ejercicio del monopolio del poder coercitivo es condición necesaria para que cualquier sociedad funcione, y la adecuada administración de justicia es indispensable para legitimar el Estado. La institucionalidad debe, además, labrar su marco normativo en forma ordenada y sistemática, y desplegar eficiencia en la administración. Las tareas públicas bien ejecutadas en salud y educación son de gran rentabilidad social y económica, así sus frutos no sean inmediatos en muchos casos; por ende, es pertinente la mirada a largo plazo, sin descuidar lo inmediato.

También hay que asignar el dinero necesario para la provisión de infraestructura congruente con el propósito de sostenibilidad en todas las dimensiones. El ámbito de lo público no se puede limitar a corregir fallas del mercado: su dimensión desborda el alcance de los entes privados y permite abrir espacios creativos para la investigación, la innovación y la cultura: el Estado es canal de iniciativas para impulsar transformaciones sucesivas de la sociedad. Sin embargo, la tendencia a conformar burocracias que se enquistan, el conflicto de interés potencial permanente entre los administradores públicos y sus mandantes, y la calidad transitoria de los gobiernos, deseable por definición pero limitante, obligan a limitar el ámbito de lo público.

La prospectiva en Colombia es muy limitada: los planes de desarrollo no van más allá del período de cada administración, y la planificación no surge desde las ciudades región, cuyo contexto determina sus respectivas ventajas comparativas, sino desde el gobierno central. Los procesos para asignar la inversión pública están contaminados por propósitos personales de congresistas, diputados, concejales, administradores y demás partícipes del festín. El problema no es el tamaño del Estado, sino su ineficacia por ineficiencia y corrupción.

No bastaría enderezar la justicia, como pretenden algunos: se debe examinar por qué el legislador no lo ha hecho; se concluiría que también es preciso enderezar el Congreso. Por su parte, el gobernante carga con la enorme responsabilidad propia del régimen presidencial, inadecuado para el complejo mundo de hoy. Los mecanismos de control, desarticulados de la administración y orientados a impulsar aspiraciones de los responsables, tienen efecto limitado y no contribuyen a construir un sistema político eficaz.

La ausencia de partidos con programas consistentes y capacidad para hacer en serio la gestión de recursos para campañas políticas crea un vacío insustituible.

Las tareas en lo ambiental que el siglo XXI se han destinado para la humanidad como respuesta al desbordado crecimiento de la población en los últimos doscientos años; además, la necesidad de prevenir los riesgos por armas de destrucción total y los delitos que trascienden fronteras, obligan a revisar lo público en todo el mundo. El caso de Colombia es extremo. El gobierno podría incluir en sus prioridades el examen de las instituciones públicas. No hay riesgo por reconocer lo evidente. Podría, en cambio, resultar el más efectivo, con Iván Duque como último Presidente Jefe de Gobierno.

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