Es necesario revisar y corregir los procesos públicos básicos de Colombia para que sean consistentes con sus propósitos. Los paños de aguas tibias propuestos no van a producir buen legislador, justicia acertada y rápida, ni administración de calidad aceptable. Hay que cambiar el conjunto de reglas que definen lo esencial del país, para que sean coherentes y efectivas. Se requiere formular propuestas sencillas, comprensivas y, al tiempo, rigurosas.

El primer paso es definir qué ordenamiento conviene: República Federal o Unitaria, es decir, con diversos códigos penales según la región respectiva o con uno solo para todo el país; régimen presidencial, bajo el sofisma de la separación entre administración y legislador, o parlamentario, como en prácticamente todos los países desarrollados excepto EE.UU.; cúpula unipersonal, como en casi todas partes como rezago de épocas monárquicas, o corporativa, como en Suiza, donde se aplica la premisa de que nadie sabe todo; descentralización municipal, como hoy tenemos, que en la práctica fortalece el poder de la estructura central, o regional, que permitiría más equilibrio; partidos políticos eficaces para formular propuestas y movilizar los recursos en financiación de campañas, o financiación individual, como la actual, que invita a la corrupción; servicio en las altas cortes como parte de vocación vitalicia, o como etapa de la carrera profesional, con perspectiva de cosechar lo sembrado desde las sentencias, como hoy; sistema penal acusatorio o mixto, más moderno, con mayor papel para el juez en el sumario, o primera fase del proceso, donde se investiga para establecer si cabe llamar a juicio.

Con base en estas definiciones se pediría a una escuela de ingeniería de primera categoría, con especialistas en sistemas y apertura a reflexiones filosóficas sobre diseño institucional, hacer los diagramas de flujo de lo existente para señalar las inconsistencias y torpezas que abruman al país, y los ajustes necesarios para que el producto atienda lo escogido en cada capítulo. A partir de esta revisión se revisaría la Constitución existente artículo por artículo, se sacarían asuntos que deberían estar en leyes especiales, leyes ordinarias, actos administrativos, y los inconsistentes con el resto o que sobraran por superfluos. Cada uno se ubicaría donde fuera pertinente.
Tras esta tarea, se vincularía a personas especialistas en escribir con lógica y de manera sencilla, para ofrecer a la ciudadanía un producto fácil de entender, con el fin de atender dos objetivos: educar sobre los criterios para organizar países e impulsar la discusión de manera abierta. Tras la deliberación se harían los ajustes correspondientes, de manera que se atienda la voluntad popular de manera ordenada, y se impulsaría un referendo. El otro camino, el de la Asamblea Constituyente, tiene dos serios problemas: los asambleístas tenderían a pensar en sus propios objetivos individuales, y cabría la improvisación, como en la Asamblea de 1991, cuyo producto es un desastre, con subordinados que participan en la selección de sus superiores en las Altas Cortes, incentivos a la corrupción de los legisladores, ineficacia en el orden regional y dilución de responsabilidades en materia de control. Si el sector privado impulsara esta receta la economía crecerá mucho más rápido y el país funcionaría mejor: el esfuerzo se justificaría con creces.