La vejez es la fase de la vida en que el declive del cuerpo reduce en forma creciente la capacidad productiva de las personas. No hay reglas rígidas para determinar en qué punto el declive es inconveniente desde la perspectiva económica; por ello, es preciso establecer reglas para evitar problemas sociales por el envejecimiento. La relevancia del asunto crece porque la vida laboral se ha extendido menos que la expectativa de vida, y las políticas públicas de salud y la medicina moderna contribuyen a aumentar la diferencia. En los comienzos de la seguridad social financiar la vejez no era prioritario porque la fase improductiva al final de la vida era corta; la estabilidad laboral era marcada, por lo cual en muchas partes se delegó en las empresas el asunto de asegurar la vejez de sus trabajadores.
En Colombia la edad de jubilación fue cercana a la expectativa de vida hasta hace medio siglo. El gobierno de Lleras Restrepo (1966-70) impulsó la protección social a cargo del instituto del Seguro Social en un ámbito de creciente participación de la población urbana en el total: se fijaron reglas para determinar el monto de la pensión en función del número de semanas de trabajo y se diseñaron mecanismos de transición para los trabajadores activos en ese momento. La ley ordenó segregar recursos para atender la obligación en el largo plazo por partes iguales entre el trabajador, la empresa y el gobierno central.
El sistema no tuvo los resultados esperados: la proporción de proporción de población vieja creció porque la expectativa de vida aumentó y la tasa de natalidad cayó; el aporte gubernamental comprometido no se materializó; el elevado costo de generar empleo formal y el mediocre desempeño de la economía han mantenido la proporción de trabajadores informales por encima de la mitad de la población económicamente activa.
En 1993 la Ley 100 abrió el espacio para el ahorro individual a cargo de firmas administradoras de fondos de pensiones; se esperaba crecimiento rápido y aumento sostenido de las acciones, pero el aumento real del PIB, del orden de 3.5% por año en las últimas tres décadas, ha sido insuficiente para aumentar el valor del capital privado, y son muy escasas las empresas con interés en financiar su plan de negocios con acciones.
En la economía global la tecnología amenaza la capacidad de preservar ingresos de muchos trabajadores y consolida la de otros. En este escenario Colombia debe ejecutar estrategias para crecer por encima de 8% por año al menos durante un lustro: se requieren buenas reglas de convivencia y cultivo de virtud cívica, justicia eficaz, y administración eficiente del Estado, que pesa más de 30% del ingreso.
En la transición a economía más próspera y menos desigual se debe subsidiar a los ancianos sin perspectiva pensional, desvincular la financiación de la salud de la remuneración formal para combatir la informalidad, limitar el sistema pensional subsidiado para evitar problemas fiscales, simplificar el estatuto tributario para hacerlo más equitativo y menos asfixiante para sociedades comerciales sin beneficios especiales, aumentar la edad de jubilación y hacerla igual para hombres y mujeres, e impulsar mentalidad abierta para concentrar recursos en subsectores y regiones con ventajas comparativas. Toda solución ulterior requerirá revolución en la educación pública, con cobertura para todas las edades.