La relación entre lo público y lo privado no ha sido eficaz para Colombia desde la perspectiva del interés general. En 1991 se cambió el ordenamiento político y se estableció el compromiso con la libertad económica, pero se preservó el régimen presidencial y el centralismo, y no se concretó la integración de departamentos en regiones. El país sigue siendo pobre, desigual y violento; el estado no funciona bien y no hay oportunidades acordes con la expectativa de la población, que ha evolucionado desde entonces pese a los obstáculos que enfrenta. El analfabetismo se ha reducido, de más de 10% a menos de 5%. Cabe preguntar por el papel de los gremios.

Los gremios de empresarios surgieron en Occidente con la urbanización producto de la revolución comercial del siglo 12. Eran vehículos para impulsar la productividad y asegurar el cumplimiento de objetivos mediante la solidaridad; su papel declinó desde la revolución industrial, porque la tecnología consolidó la diferenciación entre firmas y restó papel a sus propósitos. Se transformaron en asociaciones de empresarios modernos para la promoción de la innovación y para la gestión frente a las administraciones públicas.

En Colombia no han inducido el aumento en eficiencia que necesita la economía. Hay anomalías: la Andi, el antiguo gremio de los industriales, hoy también cobija a importadores. Las medidas no arancelarias significan para las cadenas productivas protección superior a la provista por protecciones arancelarias antes de la apertura económica de 1990. En consecuencia, la canasta exportadora no se ha diversificado; sus principales productos son combustibles y derivados, sin ser país petrolero. La tasa de cambio está sujeta a la volatilidad de los precios del petróleo, hoy elevados por los acuerdos del cartel de Opec y guerras en curso, con efectos nocivos para las cadenas productivas.

Aunque están vinculados, no es fácil conciliar elementos microeconómicos que atañen a las empresas en primera instancia, como productos, precios y cantidades, con elementos macroeconómicos, como ingreso, inversión agregada, empleo y gasto público, de importancia para todos. Lo cierto es que la productividad en Colombia es muy baja y la informalidad excede la mitad de la población activa en la economía. De otra parte, el estatuto tributario está plagado de excepciones, con beneficios particulares y discriminaciones. No induce cambios necesarios para crecer el ingreso y reducir la pobreza.

Si la atención desde lo público a las solicitudes de los empresarios no ha sido eficaz, el sector privado, por su parte, ha aceptado reglas y prácticas de gestión en lo público que jamás habría tolerado en sus instituciones, no ha rechazado de manera radical prácticas corruptas en lo público, ni ha reconocido la necesidad de revisar procesos públicos básicos, que desemboquen en reglas acertadas, justicia eficaz y monopolio de la fuerza por el estado en todo el territorio. Tampoco ha establecido diálogo formal con lo público mediante propuestas debidamente formuladas, con consideración rigurosa de consecuencias para todos los habitantes del territorio. Se requiere revisión de la institucionalidad gremial, con procesos idóneos en el nuevo escenario mundial, de automatización e inteligencia artificial, envejecimiento poblacional y atención a riesgos ambientales.