El gobierno invoca la igualdad en los servicios de salud, pero sus propuestas no son coherentes. El sesgo ideológico socavará la sostenibilidad del sistema de salud. La Corte Constitucional definió que los servicios públicos esenciales de salud serán los mismos para todos los colombianos en el régimen general, del cual se excluyen, con gran costo para las arcas públicas, los docentes, las fuerzas armadas y la policía, estas dos últimas debido a los riesgos excepcionales inherentes a su labor. Así se puso fin a la diferencia en servicios entre el régimen contributivo, en cuya financiación son parte importante los aportes de los trabajadores formales según su ingreso, y el régimen subsidiado, cuyos recursos son provistos en su totalidad por el Estado.
Cada régimen cobija más o menos a la mitad de la población. En contraste, es apenas lógico admitir la posibilidad de asegurar servicios complementarios: ese espacio aporta al objetivo de hacer viable el servicio para todos. La verdad aritmética parece incomodar al gobierno.
Los argumentos contra las entidades promotoras de salud son pobres: es cierto que ha sido necesario intervenir un número considerable, pero la población afiliada a esas entidades hoy no excede 16% del total. Cabe recordar que las simulaciones económicas del sistema en su fase de diseño asumían menos de 10 EPS, pero la laxitud oficial permitió que llegaran a ser más de 50, muchas muy débiles. En consecuencia ha habido deficiencias en la ejecución de las tareas centrales de promoción y prevención, pero el balance objetivo del sistema es positivo: cubre a la totalidad de la población, la calidad es buena y oportuna, el costo es razonable frente a referentes internacionales, y las principales entidades hacen su labor en forma idónea según el diseño original.
En retrospectiva, ha habido errores: las intervenciones han desembocado en gestión a cargo de la Superintendencia, en vez de establecer fideicomisos con consejo directivo autónomo y responsable, conformado por personas idóneas; la pugna por el recaudo ha centrado las energías del sistema en la cobranza, y no en la promoción y prevención; las sentencias que establecen coberturas no incluidas en el plan de salud perjudican al interés general, porque inducen uso discutible de recursos escasos, necesarios para lo prioritario.
Además ha habido omisiones: no hay sistema único de información para registrar las historias clínicas, que permitiría a cualquier médico en cualquier sitio acceso a lo pertinente; no ha habido los desarrollos para hacer más eficiente el servicio con telemedicina; no se hace capacitación sistemática general en asuntos que atañen a todo el sistema. La tarea es mejorar lo que existe, que es muy valioso, en vez de destruirlo.
El fundamento ético para los servicios de salud a cargo de las finanzas públicas es la solidaridad inherente al Estado Social de Derecho. Conductas inapropiadas para el cuerpo implican consumir recursos que podrían beneficiar a otros. Los gobiernos deberán persuadir a sus poblaciones de la importancia de cuidarse para merecer la protección, así esta obligación no sea legal. Más adelante vendrán nuevos asuntos: la vida se extenderá y el costo de los servicios en la fase final, improductiva para la economía, será enorme. Además la población se moverá de un país a otro con creciente facilidad, y esperará servicios. El sendero es largo.