La invasión napoleónica a España en 1808 desató movimientos independentistas en América. La separación de Venezuela y Ecuador no resolvió la tensión entre autonomía regional y poder central en Colombia. La invención de país en el siglo XIX a partir de la gesta bolivariana incluyó numerosas guerras civiles, alimentadas por la confrontación entre el modelo de conducta cimentado en el libre albedrío y la propuesta de convivencia con restricciones para asegurar la armonía: los conservadores respaldaban a la iglesia de Roma en un país de abrumadora mayoría católica hasta hace medio siglo. El ordenamiento de la Regeneración en la Carta de 1886 con respaldo de liberales moderados y conservadores no puso fin a la violencia: hubo dos confrontaciones más antes de terminar el siglo.
Tras la cruenta guerra de los mil días, entre 1899 y 1902, tuvieron lugar la hegemonía conservadora hasta 1930 y el régimen liberal hasta 1946, que transformó el sistema político en 1936 con el establecimiento de derechos individuales y garantías sociales como cimiento del Estado, pero se mantuvo el centralismo. El asesinato del directivo liberal J. E. Gaitán en 1948 desató la violencia partidista. El nuevo conflicto terminó con acuerdo entre los dos partidos para la alternancia en el poder; así se puso fin a la dictadura militar de G. Rojas, establecida en 1953. De los residuos de la antigua guerrilla liberal en los Llanos Orientales y el Tolima surgió la guerrilla marxista, formalizada desde 1964 con respaldo del pequeño partido comunista.
Quizá el ejército habría acabado el movimiento guerrillero en los años 70 si no se hubiera debilitado el Estado por el auge del narcotráfico. La aparición de los carteles dio nueva vida a la lucha armada de las FARC, sin renuncia al discurso de lucha entre opresores y oprimidos, y facilitó el surgimiento de otros grupos armados, incluidos paramilitares. La violencia fruto de la ilegalidad creció en ciudades y campos, produjo la incineración de los magistrados de la Corte Suprema en 1985, e hizo crisis con el magnicidio en 1989 de L. C. Galán, candidato a la presidencia con segura victoria en la elección presidencial de 1990. El país, de mayoría urbana desde dos décadas atrás, vivió brutalidad sin precedentes pero sus instituciones sobrevivieron. La Asamblea Constituyente en 1991 definió el propósito admirable de construir el Estado Social de Derecho pero fijó procesos básicos deficientes. La aparición de los carteles mexicanos en el negocio mundial de la cocaína permitió a las FARC administrar gran parte del territorio como agentes tácitos.
El gobierno de A. Pastrana sostuvo negociación fallida con la guerrilla, pero también propició la modernización del ejército en alianza con Estados Unidos. A. Uribe hizo guerra efectiva y redujo el número de municipios en manos enemigas de 468 a poco más de 240. El avance facilitó las negociaciones de La Habana bajo J. M. Santos; los acuerdos pusieron fin al conflicto con la contraparte más ordenada en la guerra de la coca. Las FARC se desmovilizaron en 2016, pero el Estado no ocupó el territorio desalojado ni enfrentó el narcotráfico.
Las tasas de homicidio hoy son del orden de 25 por 100.000 habitantes por año, muy altas en el contexto internacional, las perspectivas económicas modestas, la desigualdad enorme, y la gestión estatal disfuncional. Urge repensar el ordenamiento del país para poner coto a la violencia.