Nuestro sistema político es reconocido como una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, el cual ha basado su existencia en la presencia activa y permanente de las tres ramas del poder público.

El Presidente de la República emitió el decreto de Estado de Emergencia económica y social el 17 de marzo, pero desde el 12 de marzo con la directiva presidencial 02 ya se habían autorizado medidas para la Rama Ejecutiva relacionadas con el teletrabajo y el uso de herramientas colaborativas, las cuales incluían la posibilidad de sesiones virtuales en el Consejo de Ministros.

La Rama Judicial no se quedo atrás, el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo del 15 de marzo, suspendió términos y autorizó el trabajo de los funcionarios judiciales desde sus casas; esta decisión fue secundada por las altas cortes, que modificaron sus reglamentos para sesionar de manera virtual cuando fuere necesario.

Solo el Congreso de la República no pudo tomar una iniciativa para iniciar sus sesiones virtuales a voluntad propia; la actividad de esta rama del poder público fue suspendida desde el 16 de marzo por los presidentes de Senado y Cámara de Representantes.

Esta rama del poder acostumbrada a soportar su acción política en el ejecutivo colombiano, espero hasta que el presidente de la República, mediante decreto 491 del 28 de marzo, le autorizara la virtualidad. La semana pasada, por fin el congreso inició sus sesiones de manera virtual, pese a que desde el 19 marzo 40 Representantes a la Cámara lo habíamos solicitado.

Esta situación generó un desgaste institucional muy grande para el Congreso, mientras tanto, el Gobierno Nacional avanzó en el desarrollo del Estado de Emergencia, permitiéndole emitir aproximadamente 48 Decretos Ley en un mes, sin ningún tipo de control político. Recordemos que, a este gobierno le tomo 10 meses la aprobación de sus primeras 16 Leyes.

Tan grande fue el desgaste para el legislativo, que la bancada de gobierno aprovechó para relanzar la propuesta de un Congreso más pequeño, con el argumento de ahorrar $300.000 millones al año en el presupuesto, sin tener en cuenta que la Rama Ejecutiva tiene gastos de funcionamiento que ascienden a los $40 billones, de los cuales $0,2 billones son de la Casa de Nariño. La Rama Judicial tiene gastos de funcionamiento equivalentes a $4,3 billones y la Rama Legislativa $0,5 billones del Presupuesto General de la Nación.

El Congreso tiene que sesionar; el pago de salarios y elementos de bioseguridad al personal de la salud; la decisión de trasladar pensionados de las AFP a Colpensiones; el “crédito” que se autorizó el Gobierno Nacional de los recursos de regalías y del Fonpet propios de las entidades territoriales; y las actuaciones del Banco de la República durante la pandemia; son solo algunos temas que coparán la agenda del control político en el Congreso virtual.

Otro reto que esperamos pueda superar el Congreso virtual, es la discusión y votación de los proyectos de ley, temas como la cadena perpetua para violadores de niños; borrón y cuenta nueva para bajar los tiempos de castigo en las centrales de riesgo; la regulación del plástico de un solo uso; entre otros tantos, esperan ser agendados en comisiones y plenarias.

El Congreso debe sesionar, la democracia lo requiere y el pueblo lo exige.
Perdón por no haberlo hecho antes.