El año pasado, cuando los incendios forestales arrasaban millones de hectáreas en la Amazonía de Brasil, y crecía la deforestación en nuestro país, el presidente Duque, lideraba la firma del Pacto de Leticia por la Amazonía, a la que reconocía como “…una tierra que es vital para la armonía del medio ambiente en todo el planeta”.

En los últimos años, el país ha sido testigo del surgimiento de diversas discusiones académicas y políticas, sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo para los territorios de la Región Amazónica Colombiana. Al mismo tiempo, los conflictos socio ambientales son pan de cada día en estos territorios.

Desde 2019, avanza con muy bajo perfil en el Congreso de la República una importantísima reforma a la Constitución Política de Colombia, la cuál busca crear normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de la Región Amazónica (Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés).

La propuesta es de autoría de Yenica Acosta, Representante a la Cámara del Amazonas (Centro Democrático), quien inicialmente buscaba un régimen especial para su departamento; sin embargo, con el respaldo de la Bancada de la Amazonía, una unión de representantes a la cámara de carácter interpartidista que promueve la defensa del territorio y políticas de desarrollo sostenible para esta región, la cual tengo el honor de coordinar; más el respaldo de las bancadas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, estamos logrando un verdadero régimen de protección constitucional para la Región Amazónica Colombiana.

Esta reforma constitucional facilita la expedición de normas especiales en materia ambiental, administrativa, fiscal y poblacional, que fomenten la investigación científica, el ecoturismo, el desarrollo del comercio y las formas de explotación sostenible de los recursos en esta región.

Estas normas deben tener previa consulta a las comunidades directamente afectadas, y su propósito debe proveer bienestar social y económico a sus habitantes, garantizando la preservación de los bosques, su fauna y su flora hacia el futuro. La reforma constitucional propuesta, conmina a detener la deforestación y el tráfico de fauna.

Por segunda ocasión en el trámite de esta iniciativa, las mayorías de la Comisión Primera de la Cámara respaldaron nuestra propuesta de prohibir la explotación de petróleo en la Amazonía colombiana. La idea liderada por la bancada Liberal logro salir adelante con la votación a favor de congresistas del Partido Verde, Partido de la U, Cambio Radical, Polo y Farc, logrando superar a los compañeros del Centro Democrático y del Partido Conservador que se opusieron en un intenso debate.

No a la explotación de petróleo en la Amazonía, es nuestra consigna, con un régimen de transición que respete los derechos adquiridos de las empresas que están autorizadas para realizar actividades de exploración, y de aquellas que tengan contratos de explotación vigentes, sin lugar a renovación.
Hoy, cuando el covid-19 nos obliga a lanzar un #SOSAMAZONIA, este régimen especial se convierte en una oportunidad única para esa otra Colombia, como referente de conservación y lucha contra el cambio climático.