El Gobierno Nacional obtuvo una victoria pírrica al conseguir que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de reforma al sistema de salud en primer debate. Por ahora sabemos que la discusión comenzó con estrecho y cuestionable respaldo, pero desconocemos el impacto que, de aprobarse, tendría sobre la atención de 99,6% de los habitantes del país que, de acuerdo con las cifras del boletín de prensa número 373 divulgado por el Ministerio de Salud el año pasado, contamos con cobertura. Con ese alcance universal y luego de superar exitosamente la prueba ácida que trajo consigo la pandemia, ¿será necesaria la reforma?
Los argumentos esgrimidos por la ministra Corcho no justifican el afán transformador. La imprecisión de sus afirmaciones, su terquedad, su fundamentalismo y su evidente aversión a todo lo que huela a Ley 100 de 1993 parecen indicar que el texto presentado obedece más a un embeleco del Ejecutivo que a una prioridad nacional. Aunque la impetuosa funcionaria está convencida de lo contrario, es innegable que el sistema actual funciona sin demasiados contratiempos y así lo reconocen tres cuartas partes de los usuarios que se oponen a la eliminación de las EPS. La reformulación que se plantea tiene mayor riesgo de deteriorar el régimen existente que de mejorarlo y este escollo se podría evitar aceptando con humildad y gallardía que las mejoras urgentes e ineludibles se pueden conseguir con el ajuste de reglamentos específicos, sin necesidad de demoler las estructuras.
La reforma laboral que se presentó al Congreso el 16 de marzo también ha sido objeto de críticas por estar divorciada de la realidad en materia de productividad y competitividad. Su objetivo parece limitarse a afianzar los privilegios de los trabajadores agremiados, desconociendo que la prioridad real está en combatir el desempleo y la informalidad. En recientes declaraciones, la ministra Ramírez afirmó con desparpajo que su propuesta no busca incentivar la creación de puestos de trabajo, sino mejorar las condiciones de los asalariados. De una minoría privilegiada, por supuesto.
El proyecto de modificación al régimen de pensiones ─aunque más aterrizada, hay que reconocerlo─ tampoco es ajena a la desconexión que sufren sus dos hermanas de marras. “Primero renuncio antes de subir la edad pensional”, afirmó el presidente Petro en enero, pasando por alto que la población envejece, que la expectativa de vida de los colombianos aumenta y que el sistema actual es deficitario por cuenta de la deuda que el Estado acumula desde la época del Acuerdo 224 de 1966.
De las contradicciones derivadas de esta trilogía de iniciativas cojas surgen preguntas difíciles de responder: ¿Quiénes aportarán a Colpensiones si no se disminuye el desempleo? ¿Si no hay aportantes, cómo se pagarán las mesadas a los pensionados? ¿Será posible que más compatriotas se pensionen?
Estas reformas constituyen el núcleo del cambio en el que se empeña el primer mandatario. Las tres deberían estar orientadas al bienestar, inclusión y progreso de la sociedad, como si recorrieran sendos carriles de una gran autopista (de esas que por décadas hemos añorado) que nos conduzca hacia la prosperidad. Sin embargo, los proyectos, ricos en aporías, carecen de rumbo y recuerdan más bien a los carritos chocones de los parques de diversiones.