El lunes 8 de mayo, la ministra de Trabajo sorprendió en el recinto del Congreso con los argumentos que utilizó para defender su propuesta de reforma laboral. Doña Gloria pretendió demostrar las bondades del proyecto de enmienda aduciendo que un trabajador remunerado con el salario mínimo legal habría dejado de percibir $33 millones en los últimos veinte años, como consecuencia del impacto que, sobre los recargos nocturnos y las indemnizaciones por despido sin justa causa, introdujo la Ley 789 de 2002.
Me di a la tarea de retroceder en el tiempo, tal como pretende hacerlo el Gobierno Nacional, con el fin de entender los números esgrimidos con vehemencia por la funcionaria, comenzando por identificar el escenario que construyó para llegar a la gloriosa cifra. Imaginé una empresa industrial que desarrolla actividades fabriles de manera ininterrumpida en tres turnos diarios sucesivos, de seis de la mañana a dos de la tarde el primero; de dos de la tarde a 10 de la noche el segundo y de 10 de la noche a seis de la mañana del día siguiente, el tercero.
Al protagonista en este tinglado hipotético llamémoslo Juan, es el trabajador que, según la
funcionaria, dejó de recibir $33 millones durante su vinculación formal. Juan suscribió su contrato individual como operario de la fábrica el primero de enero de 2003; siempre devengó el salario mínimo legal; alternó juiciosa y cumplidamente los turnos asignados cada semana y fue despedido sin justa causa el 31 de diciembre de 2022, por lo que recibió una indemnización por terminación unilateral sin justa causa.
A lo largo de dos décadas de actividad laboral, trabajó en promedio 70,3 horas mensuales con recargo nocturno, que habrían podido ser 102 de haberse mantenido vigente la Ley 50 de 1990. La suma de los salarios efectivamente devengados por Juan, junto con el auxilio legal de transporte, los recargos nocturnos, las prestaciones sociales pagadas conforme a la legislación vigente y la indemnización por despido asciende a $223 millones.
Para calcular lo que Juan habría recibido trabajando exactamente las mismas jornadas en las mismas condiciones, utilicé la misma metodología, tomando como base las normas de la Ley 50 de 1990, que ya habían sido derogadas cuando Juan se vinculó con la empresa. El resultado de este ejercicio de ficción fue de $248 millones, es decir $25 millones más que en la vida real.
Al poner al día la diferencia de $23,3 millones que resulta de cotejar la cantidad de dinero del mundo de la ministra frente a la de la vida real (con base en las variaciones anuales del IPC), el resultado crece a $29,5 millones. Reconozco que me faltan tres millones y medio para igualar el resultado presentado por la jefe de la cartera de Trabajo, aunque esa diferencia numérica es lo de menos.
Lo verdaderamente inquietante es el razonamiento utilizado para conseguir el esquivo apoyo al proyecto de reforma. Lo que pudo haber sido y no fue nunca es preciso y siempre provoca más dudas que certezas. De haber querido presentar una cifra más impactante utilizando la misma cuestionable lógica, podría haber argumentado que, si la Ley 50 de 1990 no hubiera eliminado la retroactividad de cesantías, Juan podría haber recibido $16,2 millones adicionales, que se sumarían a sus $33 de fábula.