Bajo la Presidencia Pro Tempore de Colombia, se celebró en Bogotá el décimo aniversario de la Alianza del Pacífico. Bloque comercial de cuatro países, representa hoy la octava economía del mundo, 41% del PIB de América Latina y 38% de la inversión extranjera directa en la región. Un hito fundamental, diez años después la AP se ha consolidado como efectiva plataforma de integración.

Es por tanto un eficaz constructor de estabilidad y un facilitador del comercio dentro del bloque y más allá, entre los miembros de la Alianza tanto como con Estados no asociados y con otros tratados regionales. Para ilustrar el punto: hoy avanza rápidamente en negociaciones con Ecuador y Singapur para su incorporación; mantiene conversaciones sobre el tema con Canadá, Nueva Zelanda y Australia; y cuenta con 50 países observadores.

La historia de la integración latinoamericana siempre ha tenido luces y sombras. En muchos capítulos de la misma, ha sido un mecanismo para cerrar las economías, deprimiendo el comercio en lugar de alentarlo. Se trata de la tensión entre la integración diseñada como “bloque obstaculizador” de comercio o concebida como “bloque constructor”, parafraseando la perenne discusión sobre regionalismo.
El Mercosur ilustra el primer caso, una de las economías más cerradas del planeta cuyas barreras de entrada reproducen oportunidades para la búsqueda y extracción de rentas, con la consiguiente pérdida de eficiencia y competitividad. El regionalismo abierto de la AP ilustra el segundo, con un liderazgo consciente de que buena parte de la dilación en el desarrollo de la región es resultado de la baja densidad y profundidad de su intercambio comercial.

Nótese lo siguiente: el comercio intra-regional de América Latina y el Caribe representa 30% del total. Ese mismo concepto en Asia alcanza 60% del total y en Europa 70%. La región tiene mucho camino por recorrer, debiendo fortalecer los instrumentos propicios para el crecimiento. La AP es uno de ellos.

Justamente, los gobiernos de los Estados-parte le han asignado a la Alianza una responsabilidad fundamental como mecanismo de reactivación post-pandemia. América Latina es la más golpeada de todas las regiones del planeta por la contracción económica, ello medido en quebrantos de empresas y negocios, pérdida de empleos y crecimiento de la pobreza. Lo cual se retroalimenta con la crisis de salud pública.

Es urgente, entonces, crear empleos para acelerar la recuperación. Deben generarse incentivos para atraer inversión, lo cual requiere oportunidades comerciales dinámicas y en expansión para materializarse. No hay mejor receta: comercio-inversión-empleo es un círculo virtuoso, la tríada de la prosperidad. Para lo cual se debe impulsar más integración por medio de reglas claras, simples y estables. Pues la integración es, esencialmente, un proceso de construcción de instituciones.
Por ende, profundizar la integración requiere armonizar la normativa regulatoria entre bloques y entre países, reduciendo costos de transacción y aumentando la eficiencia en la asignación de recursos.
Profundizar la integración requiere ser más global, diseñando herramientas de negociación entre acuerdos bilaterales tanto como multilaterales. El mapa de América es una sopa de letras de acuerdos y bloques comerciales adyacentes y superpuestos. Armonizar sus estructuras regulatorias, imprescindible para aumentar el comercio intra-regional, significaría avanzar en dirección de aquella idea del Alca-Ftaa sepultada en 2005 en la Cumbre de Mar del Plata.

Puesto en términos contra-fácticos, de haberse avanzado en aquel camino ¿América Latina estaría hoy mejor o peor? ¿Contaríamos con más o con menos recursos—materiales, políticos e institucionales—para emprender estrategias de salud pública efectivas y al mismo tiempo mitigar los efectos económicos de la pandemia? En suma, una economía continental integrada como en la propuesta original de George H. W. Bush en 1990 sin duda aceleraría la reactivación.

Profundizar la integración requiere generar incentivos para la creación de nuevos emprendimientos, sobre todo en actividades intensivas en capital humano. La AP está a tono con la época, definiéndose como un portal de la economía del conocimiento y una pista de aterrizaje para los unicornios de América Latina.

Profundizar la integración requiere más ciudadanía, avanzando en las esferas de derechos. La presidencia Pro Tempore de Colombia vislumbra una AP constituida en modelo de políticas y normativas para la absorción de migrantes, su educación y empleabilidad, así como para la promoción de la igualdad de género en toda la región.

Como antes, como siempre, la inmigración es un dato estructural de nuestros países, no un fenómeno temporario. Absorber e integrar a los migrantes no es solo una cuestión de solidaridad—que lo es, por cierto—sino también de desarrollo. La inmigración siempre crea más riqueza de la que consume, estimula una eficiente asignación de recursos y con ello aumenta la productividad.

Con 1,8 millones de personas, Colombia es el principal receptor de la migración venezolana. A Perú han llegado 1,3 millones, a Chile, 455.000; a Ecuador, 420.000; y a México, 102.000. Es decir, la Alianza del Pacífico es hogar de más de cuatro millones de migrantes. La iniciativa emprendida por Colombia con la adopción del Estatuto de Protección bien podría estar señalando el camino para el bloque en su conjunto y tal vez para toda la región. Sería revolucionario, un mercado laboral latinoamericano. Y finalmente, profundizar la integración requiere dejar de lado ideologías, dogmas y clichés de otro siglo. Los cuatro países miembros de la AP tienen, en paralelo, acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos, en el caso de México junto con Canadá en Uscam. El próximo miembro, Ecuador, no tiene un acuerdo comercial pero su moneda es el dólar estadounidense desde el año 2000. O sea, tiene un acuerdo tácito de política monetaria que ni siquiera fue revocado por Rafael Correa con toda su retórica “anti-imperialista”.

Mayor pragmatismo, imposible, de eso se trata. Pues cuando se invoca la ideología en temas de comercio tiende a ser una racionalización post-hoc para mantener la estructura proteccionista con la que se cultiva el apoyo de los buscadores de rentas, coaliciones que lucran desplazando los costos de su ineficiencia a terceros. Por el contrario, el comercio abierto y la integración son de suma positiva, generan más bienestar para todos.