La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado acerca de la migración masiva de población con necesidades de protección internacional al municipio fronterizo de Arauquita, departamento de Arauca. Se trata de desplazamientos forzosos de personas desde el lindante departamento de Apure en Venezuela.

Las autoridades destacaron que cerca de 5.000 personas cruzaron hacia Colombia en las últimas dos semanas. Más de la mitad de los desplazados son menores, mujeres gestantes y adultos mayores obligados a migrar debido a operativos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra presuntos grupos armados ilegales en territorio venezolano.

La Defensoría reporta relatos de ataques indiscriminados contra la población civil con armas explosivas, incluidos bombardeos, saqueos y destrucción de bienes civiles, especialmente viviendas, disparos contra civiles, amenazas y hostigamientos. Ello es coincidente con información de la prensa independiente que da cuenta de acciones militares de la fuerza regular venezolana tanto como de ataques de grupos irregulares.

La confrontación origina en una disputa entre bandos dentro de las disidencias de las Farc, uno al mando de alias Iván Mordisco, en alianza con “Los Duarteños”, y otro bajo alias Iván Márquez, jefe de la “Segunda Marquetalia”. Entre ambos existió una negociación frustrada en territorio venezolano sobre las rutas del narcotráfico, futuras acciones armadas en Colombia y el relanzamiento de las nuevas Farc. La disidencia de la disidencia, un mal reparto entre mafias difícilmente concluya en una conversación amable.

Son bandos y bandas. Todas las facciones viven del narcotráfico, la extorsión a propietarios agrícolas y la explotación ilegal del coltán en la zona, entre otros minerales. El problema es que la banda de Mordisco reside del lado colombiano de la frontera, en la clandestinidad, y la de Márquez en Venezuela, gozando de la inmunidad que le otorga la protección del régimen de Maduro.

En consecuencia, el regreso de Mordisco y su grupo a Colombia fue acompañado por bombardeos aéreos y artillería de las fuerzas militares venezolanas mientras dejaban minas sembradas detrás. Inevitablemente, la mayoría de las víctimas se hallan entre la población civil, de ahí el desplazamiento masivo hacia Colombia. Ello incluyó la detención de dos reporteros de la cadena NTN24 que cubrían los hechos y dos activistas de Derechos Humanos; inicialmente desaparición, ya que no se informaba su paradero.

La intervención de la fuerza militar venezolana marca un escalamiento en las micro-guerras de las Farc, el resultado de su fragmentación. Los antiguos frentes y células ya no son tales. Hace tiempo que las Farc dejaron de ser una guerrilla para convertirse en un cartel, sus veteranos “comandantes” no son más que vulgares capos narcos. Como en cualquier banda criminal, entonces, la dispersión es inherente a la disputa del botín. Es además funcional al saqueo de Venezuela causado por la dictadura.

Es que son socios. Se produce una suerte de subcontratación de soberanía que reproduce las típicas guerras por el recurso dirigidas y financiadas por “warlords”-contrabandistas, extorsionadores, traficantes, terroristas o una combinación de todo lo anterior-en ejercicio de control territorial. Las Farc en los corredores de tráfico de cocaína, el ELN en el Orinoco, causando un ecocidio por el uso indiscriminado de mercurio, los pranes y los colectivos en las trochas con el secuestro y tráfico de personas.

Todos ellos hacen el trabajo sucio de un Estado autoritario que no tiene autoridad, conlleva una especie de secesión de facto que desencadena una dramática reversión del desarrollo. Sin presencia estatal no hay ley, la violencia naturalmente se magnifica. A medida que el conflicto escala, el ingreso se contrae, la mortalidad crece, las enfermedades se propagan, el hambre se esparce. Las pérdidas en capital humano son irrecuperables.

Estos conflictos se narran en epidemias (y no solo de covid-19), refugiados y crimen. Todo lo cual supone costos crecientes en salud pública y defensa. El control de las fronteras, el narcotráfico y el lavado de dinero requiere mayores presupuestos en toda la región contigua al conflicto. Una carrera armamentista también es plausible.

Una problemática originalmente analizada en base a la experiencia de varias naciones africanas, la literatura de rigor ha demostrado cómo la competencia por los recursos naturales sin una presencia efectiva del Estado trunca, en lugar de acelerar, las posibilidades de desarrollo. Ello al mismo tiempo que promueve violencia e ilegalidad.

Los múltiples conflictos por el control del petróleo en Sudan y Congo, de los diamantes en Sierra Leone, del oro y el cobre en Congo Democrático, del cacao y el café en Liberia y de los fosfatos en Marruecos son casos relevantes en la historia. Son útiles para entender Venezuela hoy, donde además se trata enteramente de actividades y recursos ilícitos.

Las diversas facciones de irregulares cumplen funciones cuasi estatales: controlar el territorio (léase, ocupar propiedades para sus cultivos) y recaudar impuestos (léase, extorsión), pero sin detentar el monopolio absoluto de la coerción y generando entonces competencia entre sí y aún más fragmentación. Maduro terceriza responsabilidades del Estado en ellos, por eso es un régimen criminal y no una dictadura político-ideológica.

Maduro ha importado la guerra por el recurso a América Latina. Peor que eso, en una región de por sí inestable ello hace las veces de modelo de negocios, creando economías criminales de escala, tanto como estrategia de dominación, destruyendo las instituciones democráticas. Ese es su objetivo de largo alcance.