Sobre el tema minero energético gravita gran parte del debate público desde el cambio de gobierno de Colombia. No obstante haber modificado algunas de sus posturas con el paso de los días, el Presidente Petro, ha mantenido de forma consistente una línea antiextractivista, lo que ha generado alta incertidumbre en el sector minero energético y en el país en general, dada la alta dependencia del país de estos recursos. Recordemos que de la minería y el petróleo depende 9% del PIB y estos ingresos representan 12% de los ingresos corrientes de la nación.

En el documento denominado Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa publicado por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 10 de noviembre, se lee: “La Transición Energética Justa se soporta en cuatro principios: la equidad; la gradualidad, la soberanía y la confiabilidad; la participación social vinculante; y el conocimiento”.

Cuando define gradualidad, soberanía y confiabilidad, encontramos:”buscan sustituir progresivamente las fuentes energéticas fósiles por unas menos contaminantes como las renovables, con el fin de diversificar la matriz energética y asegurar la soberanía energética del país y la confiabilidad en el suministro de energía, ante las condiciones de una demanda nacional en crecimiento”.

Es difícil oponerse a la necesidad de continuar avanzando en la transición. Los negacionistas del cambio climático, se enfrentan todos los días con la contraevidencia.

No podemos seguir sustentando el desarrollo en fuentes emisoras de grandes volúmenes de CO2 o dándole la espalda a los graves efectos de la deforestación, sobre eso ya no espacio para debate. Sobre lo que sí debemos debatir, y sobre lo que sí estamos obligados como ciudadanía a reflexionar, es cuál es el ritmo al que se quiere hacer esa transición, cuáles son los efectos de la misma, qué de lo que tenemos cumple con los propósitos trazados en el plan de gobierno y cuál es la realidad económica de la que se parte para formular la política pública.

La transición energética justa, tal como lo consagra la hoja de ruta, debe ser gradual. La decisión de no firmar más contratos de hidrocarburos, dista de serlo. Sustentar dicha decisión en documentos que no se soportan en datos técnicos y económicos ciertos, tampoco es justo, porque atenta con los otros principios enunciados, la soberanía y la confiabilidad, además de acabar con la credibilidad de las entidades que gobiernan el sector.

A este punto, la decisión no es justa en los términos de la definición antes citada, y tampoco leal en el sentido común de este término, porque la confusión de conceptos técnicos esenciales, ha logrado desinformar.

La realidad es que los combustibles fósiles seguirán siendo demandados tanto en Colombia como en el mundo por muchos años más, y por eso ningún país productor, salvo Colombia, ha optado por enterrar sus recursos. La realidad es que agregar reservas requiere inversión y para ello tenemos que invitar a la fiesta a quienes puedan hacerlo y han venido haciéndolo, sin satanizarlos.

La realidad es que en ocho años no tendremos gas y tendremos que importarlo, y en ese momento no tendremos un sustituto que permita seguir impulsando el desarrollo del país. La realidad es que esta decisión no solo entierra recursos, sino que compromete el futuro, incluso de la perseguida transición. Basta revisar cuáles son las empresas que están impulsando los grandes proyectos de fuentes no convencionales de energía y de dónde provienen los recursos para su financiación. Transición sí, pero no así.