Para la OIT, el trabajo es la vía para alcanzar el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social para todos. En Colombia, sin embargo, el trabajo está lejos de cumplir cabalmente ese rol. Hoy, más de 12,8 millones de colombianos (56,4 %) trabajan en la economía informal, sin acceso a derechos laborales, con ingresos menores al salario mínimo vital y sin protección social.

La informalidad laboral es claramente una de las principales vías por las que se perpetúan las desigualdades en el país; un país informal es un país desigual y un país que se aleja de la justicia social. ¿Tenemos que esperar un masivo tránsito hacia la formalización para avanzar en materia de igualdad y justicia social? La respuesta es no. Las soluciones a la informalidad son complejas y pueden suponer un largo proceso de transformaciones estructurales.

¿Qué pueden hacer hoy gobiernos, empleadores y trabajadores para impulsar la justicia social? Al menos tres cosas. Primero, volver a poner el foco en los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos no deben ser nunca vistos como derechos exclusivos de los trabajadores formales, porque están enraizados en la dignidad del ser humano que trabaja, y no en las formas que ese trabajo adopte o en cómo se regule. Acelerar los esfuerzos para eliminar la discriminación laboral, garantizar la libertad de asociación, asegurar lugares de trabajo seguros y saludables, entre otros, marcan el rumbo para acercarnos a la justicia social.

En segundo lugar, entender que justicia social implica la distribución equitativa de las responsabilidades del cuidado y de los beneficios del crecimiento económico. Esto supone, por ejemplo, reconocer y valorar correctamente el trabajo que hace posible todos los demás: el trabajo de cuidados. Según un estudio de OIT, invertir en servicios de cuidados en América Latina podría generar hasta 25,8 millones de empleos directos e indirectos. Nueve de cada 10 de estos empleos serían formales y el 80% lo ocuparían mujeres.

En tercer lugar, concentrar los esfuerzos en construir transiciones justas en el mercado laboral, poniendo en marcha medidas efectivas para ayudar a las personas a afrontar las transiciones a lo largo de su vida laboral, de la escuela al trabajo, hacia empleos más verdes y hacia una economía digital. En otras palabras, desarrollar competencias y capacidades en las personas para que estas transiciones inevitables no supongan un tránsito a la informalidad o al desempleo.

El diálogo social entre gobiernos, y organizaciones de empleadores y trabajadores es más determinante que nunca para hacer frente al desafío de promover el trabajo decente e impulsar la justicia social. En ese camino, Colombia no tiene que caminar sola. Esta semana, actores del mundo del trabajo en el país -incluyendo al Ministerio del Trabajo y la CTC- ya se han sumado a la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa global de la OIT para intensificar los esfuerzos conjuntos para subsanar urgentemente las deficiencias en materia de justicia social y acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.