La lucha contra la corrupción debe ser un fin inmediato en la política pública de Colombia, no solo criminal sino económica y social, ya que la feria de recursos públicos es un lastre que carcome a Colombia y lo retrasa en atención a los menos favorecidos y en la disminución de la desigualdad.

Sin embargo, un estado social y democrático de derecho no puede sacrificar las garantías adquiridas durante tantos años -siglos, para ser más precisos- sobre la base de una falsa percepción de transparencia.

Con lo anterior me refiero a que un país que empieza a celebrar las trampas por encima de lo legal, o un país que celebra el castigo por encima de la prevención, está destinado al fracaso.

La figura del agente encubierto está regulada en la ley y la jurisprudencia como válida y constitucional, pero sujeta a control previo y posterior de los jueces de control de garantías y jamás como provocador de un delito. No importa la ideología de la persona que es detenida por el uso de un agente provocador porque la defensa de los derechos no tiene color, sexo o ideológica. Esos son derechos universales. Aquí y en Constantinopla.

No puede un país que dice querer encontrar armonía, paz y desarrollo basar su crecimiento en la trampa y en el juego sucio. Eso ni siquiera para combatir la corrupción. Quien se iguala a los bandidos, bandido es.

El reciente episodio en el que un fiscal de apoyo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue detenido en momentos en que recibía un fajo de dólares -en un hotel de Bogotá- nos llama a la reflexión: ¿puede una sociedad decente inducir a sus ciudadanos a que caigan en el crimen? Estoy seguro de que no, a pesar de que todo parecer indicar que el fiscal Carlos Julián Bermeo es un bribón.

Los seres humanos -casi que sin excepción- estamos llenos de defectos y debilidades. Para probar si alguien es corrupto, ¿estará bien dejarle, por ejemplo, $100 millones en su auto? Sé que la mayoría me responderá que no tocaría nada de ese platal. La verdad, lo dudo. Al contrario, creo que la mayoría le metería el diente a ese dinero. Entonces, para no entrar en polémicas, no pruebe a la gente. Parta de la buena fe de las personas. Eso dicen la Constitución y las leyes. A la gente hay que creerle, decía el expresidente Laureano Gómez.

Pocos en el país como yo han sido tan duros con la JEP. Pero para dejarla en evidencia, para que Colombia y el mundo sepan que es una cueva de Rolando, no había necesidad de ponerles carnadas a sus integrantes. El pobre Bermeo, como se ha visto, hubiera caído con un billete de US$100. No entiendo para qué la Fiscalía General de la Nación utilizó -según dicen- US$500.000. Es más, yo creo que “el Tuerto” Gil se hubiera derretido por un verde de $50.

Autoridades judiciales de Colombia: si ustedes les ponen cáscaras a los $45 millones de ciudadanos, seguro tendrán que convertir el territorio colombiano en una cárcel.