Terminada la COP 27 y publicadas las decisiones adoptadas, el balance de lo logrado en las cuatro prioridades de la presidencia egipcia es poco satisfactorio.
En mitigación climática son pocos los países que actualizaron sus compromisos de emisiones en el marco del Acuerdo de París: solo 29 en 2022, la quinta parte que en 2021, según Climate Action Tracker. Es cierto que, como señala la Agencia Internacional de la Energía (IEA), por primera vez se vislumbra que las políticas vigentes lograrían el pico de la demanda de energía fósil a mediados de esta década, con lo que se daría también el de sus emisiones. Sin embargo, la brecha entre compromisos alcanzados de reducción de emisiones y las sendas consistentes con alcanzar el “cero-neto” en 2050 sigue siendo grande, inalcanzable sin puntos de inflexión en las tendencias actuales. Y el plazo es un año más corto por la falta de avances en Egipto. El más reseñable ha sido el aumento de firmantes para reducir las emisiones de metano el 30% en 2030, aunque siguen faltando los más importantes (China, India y Rusia). Con todo, un rango entre +2,2ºC y +3,4ºC sobre niveles preindustriales continúa siendo lo consistente con las políticas climáticas actuales, y entre 1,5º y 2,3º si se cumpliera todo lo anunciado, incluso lo que no tiene fuerza legal. París sigue muy lejos.
En esta situación es más que razonable fortalecer la adaptación climática, con una Agenda de Adaptación para lograr una agricultura más resiliente, restaurar ecosistemas o desarrollar sistemas de alerta temprana para proteger a la población ante eventos climáticos. El incumplimiento de compromisos previos de financiación en algo aún más incierto que la mitigación (dada la falta de referencias sobre los costes futuros del cambio climático) no era un buen augurio; y finalmente se ha encargado a la COP 28 la mejora de la financiación y el desarrollo de la agenda.
Respecto a la financiación climática, la diferencia de partida entre el compromiso de movilización de capital desde economías desarrolladas a emergentes, 100.000 millones de dólares anuales (en 2020, ya incumplido), y las necesidades de inversión climática, unas 20 veces más en 2030, es abismal. Se han hecho propuestas para favorecer la participación de capital privado, como la de EE. UU. con la venta de derechos de compensación de emisiones, un punto controvertido dada la falta de estándares generalmente aceptados para evitar el “greenwashing”. En todo caso, la dificultad en atraer capital a financiación climática en economías emergentes se debe a las elevadas primas de riesgo de cualquier proyecto de inversión, climático o no, por un entorno institucional débil y unas políticas económicas poco predecibles. Según análisis de la IEA, el coste de capital de una planta solar fotovoltaica era en 2021 entre dos y tres veces mayor en economías emergentes que en las avanzadas y China. De ahí que se proponga un papel más activo de los bancos de desarrollo multilaterales de capital público, que se involucren más compartiendo riesgos y primeras pérdidas con el sector privado, con instrumentos financieros mixtos, que ayuden a reducir la prima de riesgo de la inversión. Finalmente, también quedó para la COP 28 el nuevo objetivo de financiación climática de apoyo a los países en desarrollo.
Sobre el asunto más destacado, el acuerdo para compensar las pérdidas y daños del cambio climático en las economías más vulnerables, es una sorpresa positiva respecto a lo esperado. Sin embargo, quedan pendientes muchos detalles hasta su implementación efectiva, con recomendaciones a realizar ya en la COP 28.
La COP 27 ha sido una cumbre de transición hacia la próxima y una oportunidad perdida de avanzar decididamente en mitigación, adaptación y financiación climática, que no se equilibra por el compromiso en pérdidas y daños climáticos. En general, esta gobernanza global basada en acuerdos por unanimidad, con el único incentivo para su cumplimiento de la censura pública (“named and shamed”), es insuficiente para lograr el imprescindible punto de inflexión tecnológico y de incentivos para el gasto, el ahorro y la inversión que lleven a una economía descarbonizada en un plazo que permita evitar los peores efectos físicos del cambio climático. Al menos, por ver el lado positivo, se han reunido y han hablado; pero poco más.