Los cambios impulsados por la tecnología, la realineación de bloques económicos y políticos en un mundo sin fronteras, las variables y novedosas condiciones de educación, trabajo y entretenimiento ocasionadas por la disrupción de la era del conocimiento (visibilizada como nunca antes a raíz de la pandemia), y la necesidad casi vital de estar “en línea” para responder a lo que la humanidad demanda, llevan a que los habitantes de este planeta necesitemos un fácil, rápido y económico (y por qué no gratuito) acceso a internet.

No hay mal que por bien no venga. Con el covid se aceleraron planes y estrategias para contar con redes que sustenten la economía, la salud, la justicia, y la educación con calidad y con cobertura geográfica. Para ello ha sido imprescindible tener conectividad y más equipos (computadores y telefonía móvil) y planes de navegación.

Si bien hemos avanzado en esto, las cifras en Colombia permanecen en rojo y hay una deuda social. Según la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), a 2020 la cobertura en internet fue del 52 % en zonas urbanas y 7 % en zonas rurales. El Gobierno espera que a 2022 la cobertura de banda ancha sea del 70%. Si así fuere se habrá avanzado, pero nos falta bastante camino.

Así como el agua y otros servicios públicos esenciales, que son indicadores de condiciones básicas para el desarrollo y la movilidad social, tener conectividad e internet es una necesidad perentoria y, ojalá, un derecho fundamental para crecer competitivamente.

En la Unad, la Universidad Pública más grande del país, hemos constatado esto. Tenemos estudiantes en todos los departamentos, pero ha sido complejo ampliar más la cobertura, porque no existen o no operan bien las redes de conectividad en muchos territorios, y no llegan operadores o planes de internet accesibles, especialmente en los municipios más vulnerables.

Estas brechas sociales se reducen formando niños y jóvenes, con educación pertinente y de calidad y con modelos híbridos afianzados en la virtualidad, que es camino para alcanzar el acceso universal “para todos” y, en consecuencia, potenciando la cualificación del talento humano con programas en todos los niveles y campos del conocimiento.

Celebro la promulgación de la Ley 2108, del 29 de julio, o “Ley de internet como servicio público esencial y universal”. Ella apalanca un importante paso para que los más vulnerables puedan contar con conectividad básica, sin que se les suspenda el servicio, y para que el acceso a internet sea una herramienta de trabajo y de comunicación. Igualmente, la opción de contar con mensajes de texto y navegación, gratis, en ciertas páginas es una forma de ser solidarios y de brindar educación enfocada para la convivencia y la productividad.

Esta Ley lleva a un reto mayor. Aún no están dadas todas las condiciones para cumplirla, pero va en dirección correcta. Masificar el internet, con mejor conectividad y calidad, debe ser una necesidad básica a atender para toda la población. De no responderse adecuadamente se seguirá afectando el acceso y la permanencia educativa y la capacidad económica de sectores clave que se visibilizan con mayor productividad y competitividad.