Esta frase se atribuye al expresidente López Michelsen, y generalmente se usa para advertir que algunas políticas públicas funcionan mejor en unos países que en otros, ya sea por su idiosincrasia, madurez política, capacidad de gestión o porque atraviesan diferentes estadios de desarrollo. ¿Qué tiene que ver esto con la propuesta del gobierno para reformar completamente el sistema de salud? Creo que mucho, si leemos entre líneas el articulado de la “reforma Corcho”.

Muchos reformistas de las “izquierdas académicas” desarrollan propuestas teóricas interesantes en el papel, pero inviables en lo financiero e irrealizables en la práctica.

Es el caso de las iniciativas sobre un cambio rotundo -casi total- del modelo de aseguramiento en atención médica que ahora proponen reemplazar por un sistema de salud. Las políticas públicas suelen repetirse o copiarse en mayor o menor grado en los países, de acuerdo con la orientación de los gobiernos, las necesidades de ajuste o las capacidades de gestión. Algunos países han marcado una innovación en seguridad social, como en la Alemania de Bismarck en el siglo XIX, o el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, impulsado por William Henry Beveridge a mitades del siglo pasado. Aunque la propuesta de reforma de la ministra Corcho ha dado muchas vueltas, pareciera que la última está inspirada en los sistemas sanitarios de Europa, que en general responden al llamado Estado de bienestar.

¿Qué los caracteriza? En primer lugar, son estatistas, ya que el Estado nacional las desarrolla y las ejecuta, directamente o a través de las regiones o departamentos; en su mayoría son financiadas con recursos públicos provenientes de impuestos generales y, en algunos casos, con copagos complementarios; los servicios de atención médica suelen ser ofrecidos por redes de prestadores públicos con limitada participación privada; la puerta de entrada es la atención primaria de primer nivel o también la de mayor complejidad, casi siempre por un médico familiar o general, y la población se empadrona en territorios limitados.

En mi criterio, estos sistemas cumplen con altos estándares de calidad, oportunidad, efectividad, cobertura poblacional y de prestaciones y satisfacen a los pacientes. Lamentablemente, muchos se enfrentan a situaciones financieras difíciles, pese a que en el viejo continente el PIB dedicado a la salud suele estar por encima del 10 por ciento. El proyecto Petro-Corcho sigue lineamientos muy parecidos a los europeos y al que se intentó en nuestro país en tiempos del Sistema Nacional de Salud de los años sesenta del siglo XX.

En cambio, el modelo de aseguramiento de la Ley 100, aun cuando tiene carácter público y abarca desde la atención primaria hasta la alta complejidad, se enmarca en lo que se denomina “competencia regulada”, con la participación de aseguradores y prestadores púbicos y privados, basado en el “pool” o agrupamiento poblacional con afiliados inscritos en bases de datos, y no por barrios o veredas. Algunos países de Europa -como Alemania, Holanda y Suiza- tienen esquemas más cercanos al adoptado por Colombia en 1993. Este es único en la región de América Latina, y se ha mantenido en permanente ajuste y actualización, no solo reglamentaria, sino con el aporte de más de cinco reformas legislativas que incluyen la más reciente Ley Estatutaria.

Estamos ante dos esquemas diferentes e incompatibles en varios aspectos, por lo que no sería bueno fusionarlos con rasgos de uno y otro: terminaríamos en un esperpento disfuncional. Si el Congreso opta por el articulado presentado esta semana, no se estaría construyendo sobre lo construido, sino destruyendo de tajo casi todo lo presente para comenzar a construir otro sistema, casi desde cero.

El gobierno considera que la solución para zanjar las diferencias entre los dos sistemas —el actual y el propuesto— consiste en una transición bien orquestada, la cual se presenta en el último capítulo (artículo 149), lo cual no parece realista. Al contrario, las mayores complicaciones pueden sobrevenir en una transición compleja, que puede demorar más de una década, tiempo en el que veríamos un verdadero caos para los usuarios, los agentes actuales y futuros y para el propio gobierno.

El sistema propuesto sería viable si se dieran las siguientes condiciones: recursos financieros suficientes para la garantía de los derechos, representados en un paquete de prestaciones amplísimo, casi ilimitado; capacidad de los organismos oficiales (MinSalud, ADRES, centros de atención prioritaria en salud (CAPS), órganos de gobierno y administración en regiones y municipios, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, entre otros); infraestructura en todos los municipios; sistema integrado de información-comunicación; suficiente talento humano, etc.

Una solución intermedia sería la de completar el actual modelo con una red de atención primaria separada para las zonas apartadas, financiada mediante subsidios a la oferta, con lo cual no se destruiría lo construido durante 30 años con buenos resultados para el 85 % del territorio. Nada de esto es fácil en medio de un debate tal caldeado, ideológico y emocional. Algo va de Noruega o Suecia a nuestra Orinoquía.