La elección del presidente Petro sirvió para poner a pensar a los colombianos en si realmente existe una deuda social, cuál es su dimensión, quiénes son los deudores y cómo puede pagarse. El actual mandatario ha venido afirmando desde los balcones y desde su Twitter que antes de su llegada a la dirección de estado Colombia fue un desastre en materia de justicia social, inequidad e inclusión, porque unas minorías criollas habían impuesto un régimen de exclusiones, discriminación y favoritismos durante doscientos años y que con él la deuda histórica se pagaría. Vamos por partes.
Pobreza ha existido durante siglos en casi todos los países, incluyendo por supuesto al nuestro; las estadísticas muestran que hasta bien entrado el siglo XX la mayoría de las naciones eran pobres, tanto en ingresos monetarios como en pobreza multi-dimensional, que en el siglo anterior un buen número de países, -casi todos considerados liberales y capitalistas- lograron superar. El censo colombiano de 1905 mostró un grado extremo de pobreza en nuestra patria: la mayoría de la población andaba descalza y su ingreso era mínimo.
El Gini nacional 2023 de 0,4609 y el de concentración de tierra de 0,900, uno de los peores en la región e indica un alto grado de inequidad. Sin embargo, recientemente apareció un informe del Dane mostrando una disminución significativa de la pobreza multidimensional situada en 12,9%, gracias a políticas sociales de las últimas décadas en salud, niñez y juventud, trabajo, acceso a servicios públicos y vivienda educación, más que por virtud de los subsidios. Esto ocurrió antes de la llegada del presidente Petro al mando del Estado. Mucho se ha hecho para reducir la pobreza, pero no lo suficiente, todavía queda un camino, que no es el que propone el gobierno con sus proyectos como la reforma a la salud y la laboral, sino con medidas de fondo y de largo plazo en educación de calidad, aumento del empleo formal, protección a los más débiles y recuperación de territorios dominados por las bandas delincuenciales.
Si pensamos en el largo plazo, el motor del cambio y de modernización social debe ser la educación, no tanto en su dimensión cuantitativa sino de calidad, ahí está una gran falencia, como lo muestran los resultados de las pruebas Pisa en las que ocupamos el penúltimo lugar entre países Ocde con 391 puntos en matemáticas frente al promedio Ocde de 498 y 413 puntos en ciencias frente a 498. En el caso de los primeros años, es urgente garantizar el consumo básico de alimentos nutritivos pues según la última Encuesta de Situación Nutricional, más de medio millón de niños sufren desnutrición crónica y cerca de 15.000 aguda, como es el caso de muchos menores en La Guajira.
También resulta urgente atacar la pobreza extrema que es 160 veces más grande en las zonas rurales que en las urbanas y la pobreza multidimensional, 30% más alta en el Caribe y el Pacífico que en Bogotá, donde solo es de 4%. Los subsidios a los pobres se justifican en estos casos extremos, en los demás es un arma de doble filo que debería modificarse por pago por servicios comunitarios u otro tipo de ocupación, de lo contrario la población beneficiada se acostumbra a recibir esa especie de limosna y a vivir de ella; es el momento de pensar en una renta mínima para los grupos en mayor riesgo. En la misma dirección, deberíamos pensar en impulsar el empleo juvenil para varios millones de jóvenes desempleados en alto riesgo social, fuera del marco del empleo formal.
Pagar la deuda social no solo es una obligación de todos, sino la oportunidad de construir una nación menos inequitativa y más productiva y de esa forma comenzar a romper el círculo vicioso de la pobreza y sus trampas.