Nos carga negativamente tanta ineptitud, improvisación y falta de preparación en los funcionarios de la rama ejecutiva, incluido el Presidente de turno. Desde su ideología parecen empeñados en retroceder con políticas y programas cero gerenciales, dando al traste con avances, difícilmente logrados durante décadas, con serias propuestas en materia de progreso y competitividad.
Los gobiernos se obligan, tanto o más que los empresarios, a promulgar y fortalecer decisiones eficientes que eleven y conduzcan a la competitividad y al desarrollo como nación, pero esto parece imposible con los paupérrimos índices de calidad gerencial de los funcionarios públicos de este gobierno.
Colombia ha sido en los últimos años, un relativo caso de éxito para los estudiosos del Foro Económico Mundial, pero nuestra actualidad es otra y nos va muy mal en la calificación internacional de competitividad; puesto 58 entre los 64 países comparados, porque sencillamente se ha perdido la brújula con el mal llamado progresismo, que siendo más un reformismo ante todo lo establecido, neutraliza con fundamentos izquierdosos, los procesos de investigación, desarrollo y crecimiento, hasta el punto de llevarnos a pensar que poco o nada importa precipitar a Colombia al desastre económico.
La imposibilidad de generar confianza inversionista, la acentuada posición revanchista y perdedora del gobierno, más la incitación emocional a enfrentamientos sociales, anulan cualquier realización colectiva como se obliga en las economías que buscan mejorar sus estándares de competitividad.
Se abandonaron los elementos de conjunto necesarios para generar crecimiento. Ni la educación ni la salud ni el desarrollo en infraestructura tienen hoy un interlocutor y mucho menos un líder que inspire nuevas propuestas o que simplemente continúe con los aciertos de gobiernos anteriores. Parece que este espurio “cambio” nos embauca, obviando la necesidad de hacer de Colombia un país más atractivo entre los emergentes, para atraer inversión y generar empleos formales, y más bien incentiva la informalidad y el rebusque que, lejos de ser fortaleza económica, lo que hace es librar del hambre a unos cuantos.
Al tenor del reconocimiento que le otorgan entidades internacionales que congregan pensadores y estudiosos sobre el tema de productividad y competitividad al recurso humano, como la fuente principal de la ventaja competitiva de las naciones, resalta la necesidad de crear políticas que mejoren el nivel de vida de la población, bajo la premisa de: “Quien es más feliz trabaja mejor”.
En ese sentido, la emotividad es también concomitante de la productividad, siendo por ello que la seguidilla de escándalos y decepciones de este gobierno, causan el efecto contrario, aumentando la desconfianza y la incredulidad en las cadenas de valor. Ni los comerciantes, ni los consumidores, ni los inversionistas ni los empresarios tienen “ganas de apostar” ante el escaso desarrollo institucional. No se leen buenas intenciones en un gobierno sin claras ni transparentes reglas de juego.
Tanta ideología entre quienes manejan las escasas políticas públicas, no le hacen bien a nadie, no fundamentan ni fortalecen las instituciones que permiten la gobernabilidad y la coherencia macroeconómica y sus políticas fiscales y monetarias.
Por ejemplo, poco se conocen los resultados en la lucha contra la corrupción o más grave aún, hoy se trata de debilitar, desde el ejecutivo, la independencia del poder judicial.
Imaginar o diseñar estrategias de desarrollo inclusivo sobre procesos sociales, atacando a la empresa privada o su estructura, como generadores de riqueza y productividad es una sandez. Debemos exigir con vehemencia que se corrijan y se encausen los conceptos sobre infraestructura, mercados financieros, estructura productiva, tasas de interés y capital, modernización, justicia y muchos otros principios tan importantes como la educación, las instituciones y la cultura. Todo ese entorno empresarial debe protegerse a toda costa para generar un clima de competitividad y progreso.
Lo citaba Michael Porter (1990) al explicar que “la productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los salarios, y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene para sus propietarios”.