Una nueva política crediticia

Resulta paradójico que, aunque 94,6% de adultos en Colombia cuenta con algún producto financiero, solamente 35,3% tenía vigente al menos un producto de crédito. No es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta la intrincada red de factores sociales que determinan quién puede acceder a crédito y en qué condiciones, especialmente en las regiones. Es hora de reconocer que el acceso al crédito no es solo un problema económico, sino un problema social con implicaciones para la salud mental, la equidad de género y la seguridad ciudadana.

El “gota a gota”, ese préstamo informal con tasas de interés exorbitantes, ilustra el lado oscuro de la exclusión financiera. Más allá de las cifras, representa un drama humano marcado por la angustia, la desesperación y el miedo. La salud mental de los prestatarios se ve gravemente afectada por la presión constante de cumplir con los pagos y la amenaza de violencia, más aún, no ven en el sistema financiero una salida.

La brecha de género en el acceso al crédito es otro ejemplo de cómo este problema trasciende lo económico (mujeres 33,4% y hombres 37,1%). La falta de acceso a recursos financieros perpetúa la dependencia económica de las mujeres y las expone a situaciones de violencia intrafamiliar. Negarles el crédito es negarles la oportunidad de construir un futuro independiente y seguro, particularmente a las madres cabeza de familia.

La inseguridad en ciertas regiones del país, donde el crédito ha sido cooptado por grupos criminales, ilustra la interconexión entre el acceso al crédito y la seguridad ciudadana. La presencia de pocas instituciones financieras formales y el elevado riesgo de crédito para la economía popular no solo limita el acceso al crédito, sino que también alimenta la violencia y la ilegalidad.

Para abordar este problema, necesitamos un enfoque integral que vaya más allá de las soluciones tradicionales. El Estado debe asumir un papel activo en la creación de un entorno propicio para la inclusión financiera, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema financiero. Al mismo tiempo, la banca podría flexibilizar sus políticas de crédito, adaptándolas a las necesidades de la economía popular y los micronegocios.

Una asociación público-privada, donde el Estado ponga las garantías y los privados los recursos, es la clave para ampliar el acceso al crédito de manera responsable y sostenible. Esta alianza debe basarse en la confianza mutua y en un compromiso compartido con el desarrollo social y económico del país. Esto suma positivamente a mejorar la dinámica del crecimiento económico y jalona la prosperidad de las regiones.

El acceso al crédito no solo impulsa el crecimiento económico, sino que construye una sociedad más justa, equitativa y segura. Es hora de que los responsables de la política económica y el sector privado examinemos las realidades de Colombia y trabajemos juntos en favor de la inclusión con metas a corto y mediano plazo No me cabe duda de que, con una política crediticia basada en las garantías, podríamos llegar de manera realista a una inclusión crediticia de 40% a finales de 2026.