Aniversario de cal y de arena

Al cumplirse este mes el primer aniversario de la expedición del Decreto 659 (22 de mayo de 2024), que en su momento fue presentado como el compendio de las nuevas reglas aduaneras para Colombia, es pertinente realizar un balance, el cual resulta esperanzador dado que, a pesar de un comienzo difícil, ahora se divisa un paisaje más articulado entre el sector público y el privado.

Al inicio, anuncios como la implementación de operaciones 24/7, la modernización de los servicios informáticos y el uso generalizado de la declaración anticipada obligatoria, generaron tanto expectativas como importantes advertencias por parte del sector privado y entidades de control, como la Procuraduría General de la Nación.

Las preocupaciones iniciales sobre la capacidad de infraestructura de los puertos y aeropuertos, los riesgos de seguridad de una operación ininterrumpida y el impacto en la logística nacional, siguen siendo puntos de atención.

Sin embargo, el escenario actual se percibe más favorable. La nueva administración de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en cabeza de su director general, Luis Eduardo Llinás, ha propiciado un renovado ambiente de diálogo y construcción conjunta con el sector privado. Muestra de ello es la apertura de mesas de trabajo dedicadas a escuchar las preocupaciones de los usuarios y a explorar, conjuntamente, propuestas de ajustes normativos, un paso fundamental hacia la concertación.

Un componente crucial de la modernización aduanera es, sin duda, el fortalecimiento de los servicios informáticos. En este frente, el anuncio realizado por el director general (e) en el Foro Nacional de Importadores de Analdex, indicando que la Fase 1 de la modernización del sistema aduanero -que incluye la declaración anticipada- superaba 51% de desarrollo, fue una noticia alentadora. Más recientemente, la realización de pruebas controladas del sistema ha arrojado resultados positivos, abriendo un camino optimista hacia las futuras pruebas funcionales con los importadores.

Avanzar decididamente en la consolidación de un sistema informático robusto, que realmente facilite el comercio y permita un control efectivo, es una deuda histórica con el sector, prometida desde 2016. La actual contingencia informática, declarada el pasado 12 de mayo y que afecta la estabilidad de los servicios para el cumplimiento de diversas obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, no hace más que subrayar la urgencia de culminar este proceso de modernización integral. Un sistema estable y eficiente es lo que los usuarios del comercio exterior necesitan, para agilizar sus trámites y garantizar la operatividad de todos los procesos de competencia de la Dian.

Si bien los avances tecnológicos son un pilar, la modernización requiere que la normativa acompañe la realidad operativa del país. Es imperativo realizar ajustes al Decreto 659 para que los riesgos advertidos no se materialicen, especialmente aquellos relacionados con la posible congestión en los lugares de arribo (puertos y aeropuertos), debido a la concentración de actividades.

Colombia ha construido su infraestructura logística en gran medida hacia el interior del país, desarrollando un ecosistema de actores indispensables. Una aplicación del Decreto 659 que obligue a realizar la mayoría de las operaciones en los lugares de arribo, sin considerar esta realidad, podría desarticular cadenas logísticas consolidadas.

Figuras como los depósitos habilitados, fuera de dichos lugares -fundamentales para trámites como la inspección previa- o las zonas francas -que podrían enfrentar mayores requisitos- verían su rol comprometido. Igualmente, los transportadores enfrentarían cambios sustanciales con la introducción de nuevos documentos aduaneros como la declaración de ingreso, y se pondría en riesgo la continuidad del régimen de tránsito aduanero, uno de los avances tecnológicos y de facilitación más significativos con los que cuenta actualmente la administración.

Descartar estas figuras y procedimientos, sin contar aún con estudios técnicos exhaustivos sobre la capacidad operativa en los lugares de arribo, generaría una afectación sensible al comercio exterior y, por ende, a los consumidores.

Paralelamente, la discusión sobre un nuevo régimen sancionatorio aduanero cobra máxima relevancia. Tras la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, el Congreso de la República tiene la tarea de expedir una nueva ley en esta materia antes de junio de 2026.

Esta es una oportunidad invaluable para construir una normativa punitiva más justa y equitativa; una que castigue con la debida severidad a quienes incurren en delitos como el contrabando, pero que, a su vez, sepa distinguir y sancionar proporcionalmente los errores operativos, evitando multas exorbitantes que desincentivan la actividad formal. En esta tarea, es fundamental reconocer que el sector privado es un aliado estratégico en la lucha contra la corrupción y el contrabando, flagelos que debemos combatir desde todos los frentes posibles.

Este primer aniversario nos encuentra en un momento de desafíos, pero también de renovada esperanza, donde el diálogo constructivo se erige como la principal herramienta para edificar la aduana moderna, ágil y justa que Colombia necesita.

En medio de la actual guerra comercial, esta es una buena oportunidad para modernizar los procesos aduaneros de la Dian y ponernos al día con irritantes contemplados por Estados Unidos, como la factura electrónica, declaración anticipada y tiempos de nacionalización.

Desde Analdex, la invitación es a reforzar esta articulación público-privada, que es el camino idóneo para garantizar, tanto un control efectivo sobre las mercancías y los actores del comercio, como la facilitación de las operaciones legítimas y la seguridad de los consumidores.