Revertir los indicadores de desempleo se ha convertido en un panorama cada vez más lejano. En Colombia, tan solo en marzo esta tasa ascendió al 10,8%, mientras que en Perú fue de 7,6%, en EE.UU. de 3,8% y en México de 3,6%. Varias serían las causas por las cuales no hemos podido generar el empleo formal que necesitamos, algunas de ellas de carácter estructural más complejas y otras tal vez más simples y de consenso, como por ejemplo la cantidad de obligaciones que se trasladan a las empresas y a los empleadores.

Y es que por años, las cifras no han estado a nuestro favor y esto lo demuestra el hecho de que la mejor tasa de desempleo desde 2001 fue de 7,3% en noviembre de 2015; a lo que se suma que en los últimos 18 años, según el Dane, el promedio de tasa fue de 11,4%. Pero eso no es todo, nuestras cifras se complican más con el porcentaje de empleo informal que supera 48%.

Sobre el tema, escuché hace algunos días al presidente Iván Duque cuando afirmó que hemos tratado a las empresas como mulas de carga. Tiene razón, pues no son pocas las obligaciones tributarias y, claro, laborales que están bajo su responsabilidad. Por eso, y aprovechando que en este momento en el país se están abordando temas relacionados con la reforma laboral y pensional, podemos estudiar, tal vez desde otra perspectiva, cómo podremos liberar el potencial y la productividad de las empresas.

La realidad es que Colombia compite en mercados internacionales con países que no tienen las mismas ataduras y sus resultados nos aventajan. Algunas de las obligaciones que necesitamos evaluar tienen que ver, en primera medida, con las protecciones reforzadas por salud, pues somos uno de los pocos países del mundo donde el empleador debe obligatoriamente mantener vinculado laboralmente a un empleado con afectación de salud física o mental, sin horizonte de tiempo y sin condición alguna a su tipo de contrato o a la causa justa por la cual debe finiquitarse su relación laboral.

Aunque para una gran empresa esto es un problema serio de sobrecostos e ineficiencia, para una Pyme o microempresa este hecho puede representar la quiebra. Precisamente por eso, debemos buscar alternativas para proteger el Principio Constitucional sin cargar una ilimitada responsabilidad a los empleadores. El 70% de los empresarios ve con buenos ojos incrementar los aportes a la seguridad social para que sea el sistema el encargado de proteger las personas que terminan su vínculo laboral o pagar una indemnización adicional en caso de afectación por salud.

Otra obligación que merece nuestra atención tiene que ver con los dos primeros días de incapacidad por enfermedad general, que son asumidos por las empresas. En este momento no existe ningún incentivo para que las EPS controlen esos dos primeros días y las den a quienes en realidad las necesitan. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, se asombró cuando descubrió que en 2016 se entregaron 26 millones de días de incapacidades. La única forma de ejercer un control efectivo, es que las EPS asuman desde el primer día las incapacidades por enfermedad general. No se controla lo que no cuesta.

Necesitamos que las empresas del país recorran un camino más seguro y sólido donde puedan contribuir al fortalecimiento del empleo formal y, por ende, a la disminución de la tasa de desempleo que hoy, alcanza uno de sus índices más altos.