La calidad del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la Costa Caribe, es el resultado de la desaceleración de las inversiones en su infraestructura en los últimos años. Sin entrar aquí en la discusión de cuáles fueron sus causas y quiénes sus responsables, esto le corresponde a las autoridades del sector y entes de control; lo cierto es que en los últimos 3 años incluyendo el cierre del año 2017 la inversión en la red de distribución oscilará alrededor de los $83.000 millones.

Si comparamos ese valor con la valoración de los activos que se fija en $5,3 billones, vemos que solo se está invirtiendo al año 1,5% de la base de activos. Como resultado de este nivel de inversión los indicadores operativos tales como duración y frecuencia de las interrupciones aumentan de forma anual en un 10%, la tasa de fallos de transformadores de potencia se incrementa al no poder realizar un plan de reposición adecuado, y también el dimensionamiento de la red porque al año un 10% de las instalaciones entran en el rango de cargabilidad superior a 90%, comprometiendo así la capacidad para atender el crecimiento de la demanda.

Situación similar ocurre con las inversiones para disminuir pérdidas de energía. Entre 2011 y 2016 se planificó disminuir 3,52 puntos porcentuales de pérdidas de red, sin embargo y como consecuencia de la contención en las inversiones a partir del año 2015 este se ha incrementado en 0,72 puntos porcentuales entre 2011 y 2016.

No obstante, la situación descrita, es un hecho que la solución de la deficiencia del servicio de Electricaribe es irreversible así sea necesario esperar cuatro años de obras e inversiones cercanas a los $350.000 millones por año, una vez se cuente con los recursos para acometerlas.

Esa afirmación encuentra sustento en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios que le otorga a la Superintendencia la discrecionalidad de intervenir o no a las empresas vigiladas si se evidencian las causales que pongan en riesgo la continuidad del servicio, pero lo que no le permite es que una vez intervenida esta se levante hasta que se hayan superado las causales que dieron origen a la toma de posesión. Y este es el caso de Electricaribe.

En esa dirección ya existe un documento elaborado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) que presenta como solución unas líneas de acción a seguir y en varias de ellas su implementación depende de otras instancias del Gobierno para adoptarlas, por ello se ha solicitado una prórroga de dos meses.

Ahora, por tratarse de una empresa que dejó de hacer inversiones, las recomendaciones deben contemplar esta circunstancia así como las particularidades geográficas y de mercado de la Costa Caribe para que los recursos provenientes de cualquier fuente, pública o privada respondan, como es obvio, a la inquietud de quienes estén dispuestos a realizar las inversiones y administrar la compañía, es decir, si es posible encontrar el retorno de su inversión y bajo esa lógica se trabaja en la mejor alternativa, empeñados a lograrlo antes de terminar 2018 para que la Costa Caribe cuente con la ruta clara que permita un servicio eficiente con continuidad y de calidad.