Hace casi ocho años escribí en este medio una columna titulada “Bitcoin: burbuja o precursor de una economía diferente”. Aparte de que el título tan largo no le gustó al editor de este diario, recibí muchos comentarios negativos y de alguna manera apocalípticos sobre el futuro de las criptomonedas y, en general, acerca de las tecnologías soportadas en el “blockchain”. Luego de subidas y bajadas en el precio del Bitcoin, la aparición de un sinnúmero de criptomonedas, el apoyo directo de influenciadores tecnológicos como Elon Musk y Mark Cuban, y la adopción como medio de pago por parte de plataformas como PayPal y países como El Salvador, finalmente estamos siendo testigos de una revolución en el mundo financiero que lleva años cocinándose.
Lo que está pasando hoy en el mundo es una prueba de la inevitable integración de las criptomonedas a los mercados financieros a nivel global como una forma de recaudación y adquisición de capital, considerando que los recursos obtenidos como resultado de estas actividades y representados en el “blockchain” poseen la liquidez suficiente para ser usados de manera equivalente al dinero en la adquisición de productos y servicios.
En medio del debate mundial sobre la conveniencia de adoptar las criptodivisas como monedas de curso legal, en el que China ya tiene adelantado un proyecto piloto de yuan digital y la Unión Europea debate constantemente los pros y los contras de establecer un euro digital, la noticia más importante en este espacio ha sido el anuncio hecho esta semana por el presidente de El Salvador sobre la aprobación de la “Ley Bitcoin”, que convierte al país centroamericano en el primero a nivel internacional en permitir que la criptomoneda más transada del mundo sirva para pagar impuestos o recibir remesas.
La iniciativa establece que el uso del Bitcoin será opcional aunque, según la ley, las empresas y comercios deberán aceptarlo cuando se ofrecen como pago por bienes y servicios. La decisión de El Salvador está empezando a resonar en otras latitudes de Latinoamérica, como lo reflejan las posiciones de congresistas de Panamá y Paraguay, que trabajan aceleradamente para proponer proyectos de ley para que la criptomoneda forme parte de su sistema financiero y política monetaria.
El caso de Colombia es muy interesante, al ser uno de los mercados de criptomonedas de más rápido crecimiento en la región, solo superado por Venezuela (según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2020 de Chainalysis donde Colombia ocupó el noveno lugar en la medición, solo tres lugares detrás de EE.UU.), y es por esto que el Gobierno Nacional está dedicando esfuerzos a entender cómo manejar el asunto de manera prudente, pero sin quedarse atrás, con un enfoque similar al que se utilizó con las llamadas empresas “fintech”, creando un espacio experimental o “sandbox” para las compañías que quieren explorar este tema, todavía no regulado.
Al día de hoy, la Superintendencia Financiera ha aprobado a nueve firmas para experimentar con plataformas de criptomonedas, con el fin de entender lo bueno, lo malo y la complejidad asociada con estas tecnologías y empujar un marco regulatorio abierto y consensuado. La participación de entidades financieras tradicionales como Bancolombia y Davivienda en alianza con jugadores globales como Gemini y Binance, así como operadores de criptodivisas latinoamericanos como Bitso y Buda, es un buen presagio para lo que podría ser una regulación flexible que proteja los intereses de los usuarios y evite el uso ilegal de estas tecnologías.