En la mitología griega, la Hidra de Lerna era un antiguo y despiadado monstruo acuático policéfalo que se asemejaba a una serpiente cuyas armas de defensa eran su aliento venenoso y la virtud que poseía de poder regenerar dos cabezas por cada una que le era amputada. Este personaje mítico que finalmente fue derrotado por Hércules, pareciera ser la metáfora perfecta para representar el flagelo todavía creciente y descontrolado del hurto de celulares en Colombia.

Las políticas, los decretos, las redadas y todos los esfuerzos contra este tipo de crimen, no han funcionado, no por falta de esfuerzo del Ministerio de las TIC, ni de la Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y la Convivencia, quienes hace unos meses definieron una estrategia multidimensional enfocada en desincentivar la demanda, concientizar a los ciudadanos y atacar la economía criminal. Estas tres iniciativas parecían ser la forma de controlar esta hidra que se regeneraba día a día y que otros esfuerzos anteriores no habían logrado amedrentar.

Desafortunadamente los resultados de las campañas no han sido los esperados y decisiones que en principio parecieron no afectar la situación de demanda y oferta de los celulares robados, como la eliminación de las cláusulas de permanencia y los subsidios a usuarios de post-pago, resultaron alimentando a la hidra e incrementando el atractivo del negocio. Hoy en día, los usuarios y los criminales, son conscientes del verdadero valor de un teléfono móvil a diferencia de hacer unos años cuando el efecto del subsidio lo enmascaraba. No es fácil luchar contra un negocio que pasa los US$300 millones al año si nos referimos a las cifras publicadas recientemente que indican que en 2013 fueron hurtados más de un millón de aparatos. 

De las iniciativas del Gobierno Nacional, la que más difícil resulta de implementar es la que se refiere a desincentivar la demanda, particularmente porque una gran parte de ella está fuera de nuestras fronteras. Nuestros vecinos Ecuador y Venezuela, por razones relacionadas con sus políticas de gobierno y las ideologías de sus gobernantes han generado un ambiente propicio para que esta serpiente siga creciendo. El caso de Venezuela es complejo, el gobierno de Hugo Chávez y el de su sucesor Nicolás Maduro han restringido el acceso a divisas a los operadores celulares y comerciantes, generando una escasez de teléfonos móviles importados legalmente. Siendo Venezuela uno de los mercados que históricamente ha tenido una gran demanda de productos de gama alta, la restricción en la importación de producto nuevo y el laxo control de sus fronteras, han abierto la puerta para la llegada de teléfonos robados de países vecinos. 

El caso de Ecuador es el resultado de una jugada política que para muchos defensores de la llamada “economía circular” podría considerarse como bienintencionada. Desde hace un par de años, el gobierno del presidente Rafael Correa, ha restringido la importación de teléfonos celulares aduciendo que esta medida apela a una política comercial del Ecuador enfocada en la merma de la cantidad de “basura tecnológica“ que estos artefactos generan de manera descontrolada.

De lo anterior es fácil concluir que cualquier medida que el Gobierno de Colombia trate de implementar para controlar la demanda local o aumentar la criminalización del hurto de celulares, se ve enfrentada a una creciente demanda proveniente de nuestros países vecinos. Aquí es donde viene el último intento del gobierno nacional para cortarle otra cabeza al problema, la restricción o prohibición de la exportación de celulares usados, básicamente aceptando que la Dian ha fallado y que gracias a que los celulares, armados y en partes, siguen pasando sin inconvenientes por el puente internacional de Rumichaca o las ciudades fronterizas con Venezuela, los criminales no se detienen.

Si consideramos que según las estadísticas de la misma Dian, en 2013 se exportaron menos de 65.000 celulares legalmente, la medida que prohíbe esta exportación más que una táctica efectiva suena como una cortina de humo para calmar a la opinión pública y que algún funcionario público se ponga una “medallita” o se gane un ascenso. En lo que el Gobierno se tiene que concentrar es en fortalecer los mecanismos de control fronterizo para evitar la salida de teléfonos robados (no usados) y al mismo tiempo encontrar una forma de endurecer el castigo y la criminalización del hurto dentro de una situación de sobrepoblación carcelaria que va en contra de cualquier medida tomada.