La información asimétrica que existe entre dueños y administradores de las empresas, o entre accionistas minoritarios y mayoritarios, implica que potencialmente los segundos pueden tomar acciones en su propio beneficio y en contra del interés de los primeros, sin que estos últimos puedan conocerlo o evitarlo. Adicionalmente, el hecho de que los administradores no tengan que soportar las consecuencias de sus actuaciones los puede llevar a tomar decisiones en contra de los intereses de la compañía y sus accionistas. 

Estas situaciones se conocen en la literatura económica como problemas de agencia y daño moral, y se materializan en acciones que pueden llevar a la reducción del valor de las empresas, mediante conductas como la ineficiencia en el ejercicio de la administración, la ejecución de proyectos que no generan valor, acciones para mantener los cargos sin dar resultados, entre otras operaciones en interés propio y detrimento de los accionistas. Por lo anterior, el gobierno corporativo aparece como un sistema de controles y regulaciones diseñado para incentivar el buen desempeño de los administradores en beneficio de la empresa y sus accionistas. 

Dentro de los mecanismos del gobierno corporativo podemos resaltar el rol de la junta directiva, en especial aquella compuesta en su mayoría por miembros independientes de la administración o de los accionistas mayoritarios. Las juntas independientes tienen mayor probabilidad de actuar en el interés de los accionistas en casos de exigir altos estándares de revelación de información, valorar el desempeño de los administradores y de evaluar proyectos y adquisiciones que puedan ser destructores de valor, entre otros. 

De otra parte, especialmente cuando hay juntas sesgadas a actuar en favor de la administración o de los accionistas mayoritarios, la acción directa de los accionistas minoritarios (denominados “activistas”) es la última línea de defensa frente a administradores que no estén desempeñando de forma aceptable sus funciones o en casos de excesos o abusos por parte de los accionistas mayoritarios. En los mercados globales el impacto positivo de los activistas en el ejercicio de políticas de buen gobierno en las firmas ha sido objeto de comprobación empírica.

Otro mecanismo que propende por la alineación de intereses entre accionistas y administradores es la política de compensación, que implica incluir además del salario, otros componentes que dependen del buen desempeño de la empresa. En efecto, estudios han sugerido que el desempeño de la empresa está positivamente relacionado con el porcentaje de acciones de propiedad de los administradores y el porcentaje de acciones que componen el total de su remuneración. Sin embargo, estos mecanismos de compensación deben procurar que no se creen incentivos que beneficien a los administradores en el corto plazo, pero que perjudiquen a las empresas y a los accionistas en el futuro. 

En suma, la aplicación de los mecanismos de gobierno corporativo contribuye a la generación de valor y su impacto puede ser medible. Hoy existe evidencia de cómo el buen gobierno corporativo puede llevar a la reducción del costo de capital de las empresas, incrementando así su valoración. Además, las compañías con mejores puntajes en términos de protección al inversionista son aquellas que usualmente registran mayor crecimiento en ingresos, mayores utilidades y son más sostenibles.